El Ministerio de Fomento trabaja ‘in extremis’ para evitar el cierre, el 1 de octubre, de las autopistas radiales quebradas R-3 (Madrid-Arganda) y R-5 (Madrid-Navalcarnero), en cumplimiento de la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que el pasado mes de mayo dictó la liquidación de estas vías. El Departamento ministerial ha comenzado a negociar «intensamente y en estrecha colaboración» con la administración concursal de las dos autopistas con el único fin de garantizar la continuidad del servicio.

Entre las distintas soluciones que se barajan no se descarta que Fomento asuma la gestión de la explotación de las dos radiales. De esta forma, se repetiría un hecho similar al del túnel bajo los Pirineos que une por AVE España y Francia, que será asumido por los dos Estados ante la quiebra de la empresa privada de ACS y Eiffage que lo construyó y lo explota.

La asunción de infraestructuras construidas mediante contratos de concesión por parte del Estado conlleva el riesgo de que se active la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) ante las empresas privadas que las construyeron, lo que supondría una factura de cientos de millones de euros para el Estado.

Las autopistas R-3 y R-5, participadas por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, forman parte de las ocho autopistas de peaje que se declararon en quiebra hace unos años. Las dos vías llegaron el pasado mes de mayo al final de su proceso concursal y, ante la negativa de su banca acreedora a aceptar el plan de rescate planteado por Fomento, el Juzgado dictó su liquidación.

La liquidación se sumó a las que ya se habían decretado para otras autopistas, la M12 que conecta Madrid con el aeropuerto de Barajas y la AP-36 Ocaña-La Roda. Todos los casos fueron recurridos por el Ministerio ante la Audiencia Provincial con el fin de demorar la disolución y ganar tiempo para lograr una solución conjunta a todas las vías.

No obstante, en el caso de la R-3 y la R-5, el juez dictó la liquidación «sin efectos suspensivos» y dio un plazo de cinco meses para ejecutarla, «ordenando» a sus empresas concesionarias «dejar de cumplir el contrato concesional y el cese total de actividad empresarial de las vías concursadas a partir del 1 de octubre de 2016».

Trece municipios (75.000 personas) se verían afectados por el proceso. Concretamente, en el ámbito de la R-3, se verían directamente afectados los municipios de Velilla de San Antonio, Loeches, Mejorada del Campo, Campo Real, Pozuelo del Rey, Nuevo Baztán, Ambite, Valdilecha y Torres de la Alameda. En la R-5, los problemas recaerían sobre Moraleja de Enmedio (Urbanización Las Colinas), Arroyomolinos (la zona sur del municipio), Batres (Montebatres y Cotorredondo) y El Álamo (que supondría duplicar la ruta desde el municipio hasta una vía rápida).