El anuncio de que la Comunidad de Madrid ha contratado, por 194.000 euros, a Quirón Salud para la contratación de 22 rastreadores durante tres meses ha provocado las críticas más feroces de la izquierda por lo que consideran una «privatización» de este servicio esencial en la lucha contra el Covid-19.

Sin embargo, esta postura no se entiende si se tiene en cuenta, como afirman desde el Gobierno madrileños, que distintas instituciones controladas por el PSOE o IU, tienen también suscritos contratos de colaboración con la misma empresa sanitaria para combatir la pandemia.

Hay de todo tipo: desde Aena, la empresa estatal dependiente de Fomento que gestiona los aeropuertos españoles, al servicio de Sanidad Exterior, de un ministerio también controlado por los socialistas.

Uno de los casos más llamativos es el del Ministerio de Trabajo, controlado por Yolanda Díaz (Unidas Podemos), que cerró un contrato por la vía de urgencia con Quirón por 125.00 euros para hacer pruebas de coronavirus.

Pero también el gobierno socialista de Canarias trabajan con Quirón, insisten los populares, así como el Ayuntamiento de Mieres (Asturias), uno de los bastiones de Izquierda Unida; el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), del PSOE; la autoridad portuaria de Cádiz (PSOE)…

Y Gobiernos de distinto color, como el de Cataluña (Junts per Cat-ERC), la Junta de Andalucía (PP-Cs) o el Consistorio de Salamanca (PP).