Estimado director:

Aprovechando su buena disposición de siempre y de su consideración hacia sus lectores, le envío la pregunta tonta del día:

Y es que, a mi entender profesional, creo que, en todo esto de los 80.000 tests, hay una presunta malversación de administración desleal del patrimonio público de los ciudadanos de Pozuelo de Alarcón, al destinar 1 millón de euros de los contribuyentes de la ciudad a suministrar un servicio que no es de la competencia del Ayuntamiento de Pozuelo.

Ese tema sanitario es competencia de la Comunidad de Madrid y es a la Comunidad a quien corresponde hacerlo con  material certificado,  personal con competencias profesionales sanitarias, y en lugares y laboratorios certificados para hacer unas pruebas sanitarias, es decir, no se puede hacer una prueba analítica de sangre en las pistas de atletismo del Valle de las Cañas…

Por otra parte, ¿qué competencia profesional tiene el Ingeniero de Minas Pablo Gil y el Ingeniero Civil en Transportes y Sistemas Urbanos (eso dice en su currículo aunque nunca supe su significado) David Rodríguez que son los que están coordinando el tema?

Pero la pregunta tonta del día es esta:

¿Qué altos funcionarios (con nombre y dos apellidos, con número de puesto de trabajo, sin DNI, y que cobran más de 90. 000 euros anuales, léase: coordinadora general Pilar Garrido; Aniceto Baltasar, jefe de área de contratación; Felipe Vilches, jefe de aseria jurídica; interventora accidental Dolores Fernández: jefa de oficina presupuestaria Irene Barrios y jefe de contabilidad Miguel Ángel Herrera) están dictando, a sabiendas, informes técnicos que fundamentan está resolución adoptada por los representantes políticos en el ejercicio de una competencia que no corresponde al Ayuntamiento?

A mi entender, es algo muy grave. Tan grave que esto lo debería investigar, si no está ya haciéndolo, la Fiscalía Anticorrupción.

En cualquier caso, alguien debería poner una denuncia si no se ha puesto ya. Intención hay que yo sepa.

Juan Pozuelo, funcionario municipal