La Comunidad de Madrid va a denunciar ante la Fiscalía Superior de Madrid las presuntas okupaciones por parte de mafias en 59 viviendas públicas. Es la primera vez que el Gobierno regional inicia una acción judicial de estas características.

En concreto, el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso quiere que se investigue si supuestas bandas criminales están subrarrendado los pisos e incluso vendiéndoselos a otras personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, sostienen que hay indicios de que se pudieran estar llevando a cabo negocios ilegales como tráfico de drogas, prostitución, cultivo de cannabis, depósito de objetos robados y desguace de vehículos.

“Creemos que este fenómeno hay que investigarlo teniendo en cuenta su naturaleza de criminalidad organizada, no de okupaciones individualizadas”, explica el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que ha elaborado la denuncia en colaboración con su homólogo en el área de Vivienda, David Pérez.

Aunque se considera que “probablemente hay más”, de momento se han identificado las primeras 59 viviendas donde podrían estar produciéndose los citados delitos, 16 de ellas ubicadas en la capital. El resto se encuentran en los municipios de Leganés, Arroyomolinos, Valdemoro, Alcalá de Henares, Acobendas, Fuenlabrada, Galapagar, Mejorada del Campo, Coslada y Móstoles.

El consejero de Justicia asegura que la denuncia aporta “datos suficientes” como para que se inicie una investigación. “Cuestión diferente es que luego se logre acreditar esa criminalidad organizada”, puntualiza.

Según explica López, juez de profesión, hasta ahora la okupación ilegal “ha sido tratada de forma individualizada caso por caso”. Por ello, añade, si la Fiscalía admitiera a trámite la denuncia de la Comunidad de Madrid supondría un “cambio cualitativo” porque permitiría abordar este problema considerando que detrás de él hay un “plan criminal previo”.

Esta acción judicial se enmarca dentro de una batería de medidas adoptadas por el Ejecutivo regional en colaboración con el Ayuntamiento de la capital para “declarar la guerra total” a la usurpación inmobiliaria en el ámbito de sus competencias. Entre otras cuestiones, se está trabajando en la elaboración de protocolos de actuación que permitan acortar al máximo los plazos para poder recuperar estas casas.

Asimismo, el equipo de Ayuso ha trasladado a la Delegación del Gobierno una solicitud formal para que se refuerce la presencia de Policía Nacional en los barrios y distritos afectados por un “problema de orden público”, porque entiende que “la sensación de inseguridad favorece la okupación de inmuebles”. También pondrá en marcha cursos de formación jurídica y operativa ante tal tipo de situaciones destinados a agentes locales.