Los militares de tropa y marinería se han cansado de las excusas del delegado de Seguridad, Javier Barbero. La asociación que defiende sus intereses, ATME, interpuso ayer un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid por incumplir el convenio rubricado con el Ministerio de Defensa donde se comprometía a reservar el 20% de las plazas de cada convocatoria de acceso a la Policía Municipal para miembros de las Fuerzas Armadas con cinco años de experiencia.

En las bases del proceso selectivo, publicado el pasado 30 de marzo, se indicaba que las 112 vacantes se cubrirían mediante el sistema de «concurso-oposición», es decir, el 100% por turno libre. Esta es la primera vez desde que se firmó el convenio en octubre de 2005 que el Ayuntamiento no cumplirá con el acuerdo suscrito. «No es la vía de entrada más adecuada para rejuvenecer el cuerpo», se justificó en marzo el edil del gobierno de Manuela Carmena, tras recalcar que la edad media es de 45,8 años tras «cinco años del PP sin reponer».

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) argumentaron en declaraciones a ABC que el pretexto de la edad «no es válido», puesto que sólo es necesario tener cinco años de experiencia en las Fuerzas Armadas para acceder al cupo de la Policía Municipal, por lo que se podría optar al cuerpo a partir de los 23 años. «La mayoría de los opositores que van por libre lo hacen a partir de esa edad y además es una manera de dar calidad al cuerpo al aportar la experiencia adquirida», defendió el presidente de la asociación, Juan Carlos Tamame, que destaca que la entrada de estos militares no puede influir en la media de la Policía Municipal cuando el cupo sólo supone una media de entre 15 y 20 puestos por convocatoria.

Hace más de un año que pidieron una reunión con el área que encabeza Barbero y, «ante el silencio obtenido», ATME -aseguran- «se ha visto en la obligación, en defensa de los intereses del personal de su escala, de emprender acciones legales para su cumplimiento». Lamentablemente, añaden, «el silencio se une a la falta de seguimiento que hace el Ministerio a los convenios que firma y, por tanto, a la exigencia de su cumplimiento».