Desde el inicio de nuestro sistema democrático los ayuntamientos han desempeñado un papel fundamental en el proceso electoral. Todos tenemos grabado en la cabeza el concepto de “colegio electoral” y el votar en nuestro barrio como una acción cercana, incluso en contiendas electorales generales o europeas.

Pero no solo es el inmueble donde votamos la única aportación que realizan los consistorios. También los trabajadores municipales están encargados de la logística de montaje, cuidado y fiscalización del día electoral.

En Pozuelo de Alarcón no podía ocurrir de otra manera. Nuestro Ayuntamiento se encarga de la logística, montaje, control, conteo de votos… del día electoral, el día más importante del sistema democrático del que gozamos.

Pero se da una distorsión en lo que se supone que es una garantía de imparcialidad y fiscalización. En Pozuelo de Alarcón los trabajadores encargados de mantener la neutralidad en el proceso son elegidos a dedo. La lista de elegidos se realiza sin sorteo público, sin transparencia, a puerta cerrada. Con personas que entran o salen de la lista de forma discrecional. Sin un procedimiento reglado, público y transparente.

Esto que podría parecer una simple gratificación a ciertos elegidos, los funcionarios que participan en la jornada electoral reciben un día libre y una pequeña compensación económica por su trabajo, se ha convertido con el paso de los años en un sistema de ventaja ilegítima. En el que los funcionarios que intervienen en la jornada electoral están más interesados en que se mantenga el statu quo durante las próximas legislaturas que en garantizar la neutralidad e imparcialidad que se le exige a un servicio público para garantizar una democracia limpia.

Desde estas líneas recordamos que el sistema electoral y democrático que tenemos tiene que estar fuera de toda manipulación. Y animamos a los tres partidos de la oposición, Somos Pozuelo, PSOE y Ciudadanos, los tres perjudicados por estos hechos, a que se planteen seriamente a si este procedimiento discrecional pudiera ser objeto de un hecho punible por prevaricación o de denuncia ante la Junta Electoral.

Un funcionario avergonzado