La Comunidad de Madrid, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado suscribir un convenio para compartir información recopilada por las distintas instituciones que permita detectar, prevenir y mejorar la respuesta a los desahucios.

El acuerdo se ha alcanzado en una reunión convocada por el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes quien ha explicado que la finalidad de este convenio, que ya existe en términos similares en otras comunidades autónomas, es “que toda esa información compartida” permita a las administraciones actuar “de la mejor forma posible” ante los lanzamientos.

La “detección temprana” de este tipo de emergencias, ha apuntado Rodríguez Uribes, es clave para que los servicios sociales municipales o autonómicos puedan “dar una respuesta” y preparar “una alternativa habitacional” para las personas que van a perder su vivienda.

Mediante el convenio, cuya firma definitiva se producirá “próximamente”, según el delegado, se establecerán “cauces” de información entre los jueces y la administración para que los primeros puedan decidir “con todo el conocimiento del caso” y la segunda esté prevenida ante la inminencia de un desahucio.

La delegada de Equidad, Empleo y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha celebrado la creación de un mecanismo para que las personas que se enfrentan a un desahucio “sean atendidas con el tiempo necesario”, porque cuando el Consistorio lo conoce “el día de antes o el mismo día es muy, muy complicado buscar una solución”.

En paralelo a la firma del convenio, el Ayuntamiento ha propuesto crear una oficina de “atención a las personas que van a sufrir un desahucio” que ofrezca sus servicios en los juzgados encargados de decidir en estos casos, para que los jueces puedan derivar directamente a ella a los interesados.

La alcaldesa de Aranjuez y vicepresidente de la FMM, Cristina Moreno, ha subrayado que los municipios de menor tamaño tienen “las manos atadas” en materia de vivienda y unos servicios sociales frecuentemente “mancomunados”, por lo que estima “absolutamente imprescindible” un marco de colaboración en el que intervengan la Comunidad y el CGPJ.

El vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán, ha señalado que el acuerdo “va a permitir establecer un lugar de encuentro para abordar situaciones que tienen que ver con el impago”, y ha añadido, por otro lado, que el Gobierno está reformando actualmente “150 viviendas” para incorporarlas a su parque de vivienda.