El Ayuntamiento de Madrid estará obligado a atender una solicitud particular que le requiere «el nombre de Sicav o Sicavs» donde Manuela Carmena «tiene invertidos» 430.000 euros. Así lo dicta una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid a la que ha tenido acceso este diario.

En su fallo, el juzgado estima que el motivo para no admitir a trámite la pregunta de un periodista llamado Guillermo Rocafort, escritor y doctor en Económicas especializado en Sicavs por la Universidad CEU-San Pablo «no se encuentra» dentro de los únicos supuestos que permiten la inadmisión, y que se encuentran recogidos en la Ley de Transparencia de 2013.

Además, señala que la decisión del Ayuntamiento supone «la restricción de un derecho constitucional recogido en el artículo 105.b)». Por ello, el juez anula la resolución «al no ser conforme a Derecho» y estima el recurso, si bien no en su totalidad: obliga al Ayuntamiento a admitir a trámite la petición de Rocafort, pero no a publicar la declaración de bienes completa de Carmena.

Al demandante le «sorprende el silencio de la alcaldesa. Aunque no es ningún delito, mi imputación es seria: estoy diciendo que tiene una Sicav. El hecho de que no lo niegue es sorprendente y la deja en muy mala posición», explica.

En su opinión, la decisión del juzgado evidencia que la Ley de Transparencia, una «buena ley obligada por la UE» que «ha pillado a nuestros políticos con el pie cambiado», supone «ejercer nuestro derecho a pedir los datos públicos de nuestros representantes».

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado su intención de recurrirla y, además, negó que la alcaldesa Manuela Carmena tuviese una Sicav. Se trata solo de una cartera de acciones.