La Comunidad de Madrid ha identificado 500 empresas y organismos en Londres afectados por el Brexit y susceptibles de apostar por instalarse en la región. Pero acusa al Ayuntamiento de Manuela Carmena de estar boicoteando, con algunas de sus últimas ordenanzas municipales, el desembarco en la capital de estas grandes corporaciones y sus altos ejecutivos.

El equipo de Cristina Cifuentes planea ofrecer un marginal máximo en el IRPF del 39% para los directivos y profesionales altamente cualificados que se establezcan en la Comunidad procedentes de Londres, cuatro puntos menos que el 43,5% que ahora soportan y uno por debajo del establecido en la capital británica.

Es uno de los puntos fuertes del proyecto en el que trabaja la Consejería de Hacienda madrileña para atraer directivos y empresas en el contexto del Brexit, frente a plazas financieras como Frankfurt y París, que también compiten por estas empresas y sus directivos.

Los ejecutivos que opten por Madrid podrán disfrutar de ventajas fiscales durante 10 años, a diferencia de quienes se acogen ahora al régimen estatal, que sólo permite beneficiarse de incentivos durante cinco años.

Por ejemplo, un alto directivo con una retribución de un millón de euros que se acoja al nuevo régimen madrileño pasaría, de pagar 435.000 euros en el IRPF, a 393.000, es decir, se ahorraría 42.000 euros frente a los 32.400 euros si se le aplica la actual normativa estatal.

El objetivo de Cifuentes es precisamente que la región se convierta en el destino de las empresas que tengan decidido abandonar Reino Unido ante su inminente salida de la Unión Europea.

Pero la presidenta de la Comunidad considera fundamental en su proyecto la implicación total de la propia capital de España, dado que va a ser la sede que van a elegir la mayoría de ellas para ubicarse. Por eso, resulta clave que la propuesta que se presente resulte atractiva y convenza.

El enfado en el equipo de Cristina Cifuentes con la alcaldesa es mayúsculo. Según ha podido saber El Confidencial Digital, la presidenta madrileña no entiende algunas de las últimas medidas anunciadas por Carmena. Cita, como ejemplos, la nueva tasa a los cajeros que deberán asumir los bancos, la subida del IBI en zonas residenciales y el impuesto a los coches de lujo.

Considera que son tres decisiones del Ayuntamiento que “atacan directamente la columna vertebral del entorno favorable a la llegada a Madrid de personas de perfil clase media-alta que está tratando de impulsar la Comunidad”.

Pone en valor que “la capital de España sale muy bien parada en cuanto al coste de las oficinas, mucho más bajo y con más vacantes que en otras ciudades europeas”.

Destacan también la conectividad aérea de Madrid, en la que se valoran las nuevas rutas a Asia y la relación con Latinoamérica.

Lo que más ha sorprendido a la presidenta madrileña es el interés inicial en el proyecto mostrado por el Consistorio, que ahora parece desmentido. “Al menos antes compartían el objetivo”, lamentan en su entorno.

De hecho, la alcaldesa anunció este verano la creación de un grupo de trabajo con la Asociación de Multinacionales por la Marca España, una oficina del inversor que facilite la llegada de empresas extranjeras, y la puesta en marcha de una campaña internacional de imagen.

A la vista de la últimas decisiones del Ayuntamiento, “Carmena tiene ahora mismo desquiciada a Cifuentes”, añaden las fuentes autonómicas.

En el capítulo fiscal, el más potente, en la Comunidad de Madrid también se preparan para nuevos conflictos con el Ayuntamiento.

Se proponen modificaciones en impuestos locales, en concreto, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), por el que los consistorios gravan con un máximo del 4% el coste de las obras.

En este caso, Cifuentes va a buscar ofrecer una rebaja a las personas jurídicas de ese 4% que ahora impone el municipio, con lo que la medida deberá consensuarse con el equipo económico de Manuela Carmena.

También forma parte de las competencias municipales -y estatales- el apartado que se refiere a las trabas administrativas, el único en el que Madrid sale peor parada que otras ciudades europeas.

En este punto, planteará también una batería de medidas para facilitar el establecimiento de sociedades, como la habilitación de terrenos para albergar empresas.