Ahora Madrid y el PSOE han aprobado el Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, un órgano que tanto el PP como Ciudadanos han considerado invasivo y contrario a Derecho porque «persigue a los funcionarios» al vulnerar su derecho de confidencialidad y presumir que son «corruptos». El anteproyecto, que ha superado el primer trámite en la comisión extraordinaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, pasará por el Pleno en la sesión de la próxima semana.

La oficina, según el Gobierno municipal, será una entidad autónoma de la Administración y su cometido será el de «prevenir e investigar» los posibles casos de corrupción en el ámbito local. Sin embargo, el grupo municipal popular ha presentado una enmienda a la totalidad, apoyada por Ciudadanos, porque cree se configurará un ente con un corte ideológico claro. El edil del PP Percival Manglano ha declarado durante la sesión que la enmienda ha sido presentado porque «se ha pervertido la idea original» de esta oficina. Tal y como ha explicado, serán «comisiones políticas al servicio de los intereses ideológicos». La reprobación de Manglano se ha centrado fundamentalmente en los órganos directivos de la nueva oficina. «Han creado al sheriff de Carmena», ha dicho sobre la figura del director.

Aunque el presidente de la oficina, Mauricio Valiente, ha detallado que la elección del director será por mayoría de tres quintos en el Pleno, el edil popular ha negado este extremo y ha explicado que en segunda ronda se elegirá por mayoría absoluta. Es decir, dada la aritmética del Pleno de Cibeles, lo lógico es que en la primera votación no obtenga la suma requerida y, después, sea elegido con los votos de Ahora Madrid y el PSOE, que han apoyado este proyecto.

La intervención de Manglano ha seguido la misma línea de rechazo que la manifestada por la concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra. La concejal de la formación «naranja» ha hecho especial hincapié en la posibilidad queotorga la oficina para «dar la patada en la puerta» y entrar en el despacho de los funcionarios para registrarlo si así lo considera oportuno el director. «Parte de que los funcionarios son corruptos y sin derecho a la intimidad», ha destacado Saavedra, que ha asegurado que la oficina «puede ser muy positiva pero siempre que no sea una herramienta política».

Así, ambos ediles han denunciado que se levantará el derecho a la confidencialidad de los trabajadores municipales. Percival Manglano, además, ha lamentado el «efecto pernicioso» que tendrá que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias: «Cualquier rencilla personal podrá iniciar un proceso».