La decisión unilateral del Gobierno de Manuela Carmena de anular el proyecto de Distrito Castellana Norte (DCN) podría salir muy cara a los bolsillos de todos los madrileños. Concretamente por más de 820 millones de euros en indemnizaciones, a tenor de las inversiones –ejecutadas o en proceso de ejecución– que tanto los promotores como Fomento han acometido ya. Tras las denuncias de DCN y de la Comunidad de Madrid ante el TSJM contra el Consistorio, los servicios jurídicos de la sociedad promotora de la operación Chamartín (BBVA y la constructora San José), podrían tener lista para septiembre u octubre una segunda denuncia.

En ella reclamarían, al menos, los más de 120 millones de euros que ya han invertido en los últimos 23 años. Una cifra que probablemente será superior a tenor del «deterioro patrimonial» y la «pérdida de oportunidades» que la sociedad denuncia que ha sufrido tras el enterramiento de su plan en el Pleno del pasado 25 de mayo, con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE.

Una cifra que puede ser «peccata minuta» en comparación con los 700 millones de euros en obras que ya ha acometido Fomento y que podría reclamar también con coste a las arcas municipales. Adif y Renfe han desarrollado proyectos por ese valor para cumplir con los compromisos asumidos por el Ayuntamiento, que en enero de 2015 acordó aprobar el Plan Parcial que permitiría el nuevo desarrollo.

En concreto, los dos entes dependientes de Fomento ya han acometido las obras del túnel de conexión para el AVE entre Atocha y Chamartín, la remodelación de la estación y el tren de Cercanías entre el aeropuerto de Barajas y la ciudad. Así lo recordó el ministerio a Carmena en una misiva enviada el 23 de mayo en la que se pedía la aprobación definitiva del proyecto.

Tanto los promotores como la Comunidad de Madrid están convencidos de que la Justicia les dará la razón en sus respectivas reclamaciones. Ambos basan sus denuncias ante el TSJM en que Ahora Madrid ha cambiado un plan acordado entre las tres administraciones afectadas saltándose el «procedimiento legal establecido».

La posibilidad de que los tribunales no frene el nuevo proyecto de Carmena para Chamartín –que reduce a la mitad las 17.966 viviendas previstas– no entra en los planes de los promotores. «Nosotros tenemos todo listo para empezar mañana», han defendido en los últimos meses. Si el 31 de diciembre su plan no está de nuevo sobre la mesa, se llevarán los 6.000 millones de euros de inversión prevista al extranjero.