La comisión de investigación pactada por Ahora Madrid y el PSOE para fiscalizar la gestión llevada a cabo en los últimos doce años por los gobiernos del Partido Popular en la capital no contará con la participación del primer partido del consistorio. El PP no formará parte de ella al considerar que el Gobierno de Manuela Carmena, y muy especialmente el delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, quiere transformarla en una «causa general» y una «cacería» contra los gobiernos presididos por Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

Hoy miércoles se constituirá esta comisión de investigación de la deuda, contrataciones y políticas públicas. Los populares sí acudirán a la reunión de portavoces previa a la sesión constitutiva para comunicar al resto de grupos su decisión. «Es el mundo al revés: Ahora Madrid-Podemos, con la complicidad de los socialistas, pretende controlar a la oposición del PP», subraya el portavoz adjunto de los populares, Íñigo Henríquez de Luna.

Son varios los motivos que el PP pone encima de la mesa para argumentar su decisión de no acudir a esta comisión. Aguirre y los otros veinte ediles del grupo municipal consideran que los gobiernos de Gallardón y de Botella realizaron una «gestión de éxito». Estuvieron al frente del consistorio durante doce años en los que, además, no han existido denuncias respecto a posibles casos de corrupción en el Ayuntamiento. De hecho, tal y como señala Henríquez de Luna, a lo largo de estos doce años varios miembros del PSOE y de Izquierda Unida formaron parte de los consejos de administración de las empresas municipales. Ninguno de ellos denunció entonces las irregularidades que ahora revisará esta comisión. El actual concejal del PSOE Ramón Silva, por ejemplo, presidió la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Es el caso también de los ediles de Ahora Madrid Jorge García Castaño e Inés Sabanés, que formaron parte de las corporaciones municipales ahora investigadas antes de que abandonaran Izquierda Unida.

Otro de los motivos que han llevado a los de Aguirre a tomar esta decisión es el propósito de Sánchez Mato de mantener activa la comisión hasta finales de 2018, sólo unos meses antes de que se celebren las próximas elecciones municipales. La «comisión-cacería» que echara a andar, según el PP, también con la complicidad de Ciudadanos sólo se explica a partir de la necesidad del equipo de Carmena de buscar en el PP «un chivo expiatorio» ante «su incapacidad para gobernar».

Los populares también critican que la comisión no tenga un objeto concreto de de investigación. Y es que, más allá del estudio que se realice de lo sucedido en Mercamadrid, la M-30 o la EMVS, el objetivo de Sánchez Mato, según los populares, pasa por llevar a la comisión toda la gestión Botella y Gallardón, incluidas las ordenanzas fiscales, lo que podría incumplir el reglamento municipal respecto a la creación de comisiones de investigación.