(20-07-15) Con la presentación de su Memoria Anual, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) nos ha recordado la lamentable situación que está la justicia en la Comunidad de Madrid y, en El Correo, nos hemos acordado de la penosa situación en que está esa justicia en Pozuelo de Alarcón.

¿Se acordarán también Paloma Adrados, desde la presidencia de la Asamblea, y Enrique Ruiz, desde la Vice-consejería de Presidencia, de los Juzgados de Pozuelo?

Y es que el pueblo del mayor nivel de vida de España tiene, a su vez, los juzgados más vergonzosos de la región, en los que trabajar es un ejercicio de heroísmo. Y ya ha llovido desde que prometieron el oro y el moro.

Haré un poco de historia. En diciembre de 2007, la Comunidad de Madrid anunció la creación de un Palacio de Justicia en Pozuelo de Alarcón en una parcela de más de 8.000 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento, y que invertiría en el proyecto más de 7 millones de euros. La parcela estaba situada entre el Paseo de la Casa de Campo s/n y calles Plasencia, Extremadura y Camino de Húmera. Iba a ser una joya a la altura del prestigio de Pozuelo.

El nuevo edificio con capacidad para seis juzgados, y posibilidad de ampliarlo hasta doce, iba a estar listo en el año 2010. Era algo fastuoso. Iba a constar de tres alturas y albergaría, además, salas de vistas, registro civil, sala de bodas, clínica médico forense, fiscalía, servicio de orientación jurídica gratuita y de atención a víctimas de delitos violentos y al ciudadano.

A día de hoy, hay cuatro Juzgados y sus dependencias están distribuidas en dos edificios separados del Complejo Atica y comparten zonas comunes con empresas privadas, ajenas a la justicia. Cualquier parecido con lo que debería ser un juzgado es pura coincidencia.

El 3 de marzo de este año 2014, el Grupo Municipal de UPyD, en voz de la concejala señora Victoria Caturla, presentó una moción en el Pleno del Ayuntamiento para reclamar una mejora sustancial en la situación de los Juzgados de Pozuelo y su traslado a otro edificio diseñado para albergar la sede de esta administración de Justicia. Se aprobó por unanimidad.  La señora Caturla, inocentemente, esperaba que aquella propuesta de UPyD  sirviese para desbloquear, de una vez por todas, la actual situación de dejadez de la administración comunitaria. Pero nanay.

El asunto es competencia del Gobierno de la Comunidad y, mire usted por dónde, ahora, la Presidenta de la Asamblea de Madrid es la pozuelera Paloma Adrados y el vice-consejero de Presidencia y Justicia es el pozuelero Enrique Ruiz, insisto, ¿se acordarán de la situación de los juzgados de Pozuelo?

Deberían.