La compañía inmobiliaria en cuyo Consejo de Administración se sentó María del Carmen Abascal Martín, la difunta Maricarmen que el Gobierno de Pedro Sánchez eligió para dar nombre a su polémico Real Decreto-ley de Vivienda, no era una pequeña sociedad familiar. Según los estatutos de JINUR S.A. depositados en el Registro Mercantil de Madrid, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la entidad disponía de un capital social de 950 millones de pesetas. Al cambio oficial esa cifra equivale a 5,7 millones de euros, y actualizada en base a la inflación acumulada desde entonces ronda los 12 millones de euros de hoy.

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El artículo 5 de los estatutos de la sociedad, incluido en el Título II («Capital social, acciones y obligaciones»), establece que ese capital está representado por 950.000 acciones al portador, de 1.000 pesetas nominales cada una, numeradas correlativamente del uno al novecientos cincuenta mil. El documento precisa además que todas ellas estaban totalmente suscritas y desembolsadas. Es decir, no se trataba de un capital sobre el papel: el dinero estaba aportado en su integridad.

El dato tiene relevancia por el tipo de títulos elegidos. Las acciones al portador, admitidas entonces por la legislación mercantil española, no identifican a su titular: la propiedad corresponde a quien tiene físicamente el título. Esta fórmula permitía que la identidad de los dueños reales de la sociedad no constara a la vista del público.

El artículo 6 detalla cómo se materializaban esos títulos. Las acciones debían extenderse en libros talonarios, numerarse correlativamente e ir firmadas por dos administradores, uno de los cuales tenía que ser obligatoriamente el presidente del Consejo de Administración. Los estatutos permitían incluso que esas firmas figurasen impresas mediante reproducción mecánica. Mientras no se imprimieran y entregaran los títulos definitivos, los accionistas tenían derecho a recibir resguardos provisionales con las mismas menciones.

Una sociedad para «explotar» alquileres

El volumen de capital encaja con la actividad que JINUR S.A. desarrolló durante décadas. Según la nota simple del Registro Mercantil consultada por este periódico, su objeto social consistía en la «realización de inversiones en bienes inmuebles y su explotación en forma de arrendamientos», además de la urbanización y parcelación de solares.

Maricarmen Abascal, nacida el 2 de noviembre de 1938, fue nombrada consejera de la compañía el 1 de julio de 1994 en Junta Universal de Accionistas, junto a otros tres consejeros, y ejerció como vicesecretaria del Consejo de Administración. Todos ellos procedían de FIEBA S.A., otra sociedad de inversión con la que JINUR se fusionó y con la que compartía domicilio social en la calle Pradillo, 36, de Madrid. En FIEBA, Maricarmen llegó a figurar varios años como administradora única.

El Consejo de JINUR aceptó su cese como vicesecretaria el 1 de julio de 1995. Cinco años después, en el año 2000, la denominación de JINUR S.A. desapareció al integrarse, mediante una nueva fusión, en BASCADI S.A., otra firma dedicada también a la inversión inmobiliaria.

Es decir, que el Ejecutivo bautizó su decreto contra los desahucios con el nombre de una vecina desalojada tras 20 años en una vivienda de renta antigua en Retiro, pero esa misma mujer formó parte del órgano de gobierno de una sociedad con un capital de 950 millones de pesetas, cuyo negocio era precisamente comprar inmuebles para alquilarlos.