Los letrados del Tribunal Constitucional han emitido este lunes un informe en contra de admitir el recurso de amparo del Defensor del Pueblo para que el Tribunal Constitucional  ordene al Tribunal Supremo levantar las medidas cautelares respecto a la Ley de Nietos.

Pero eso no ha sido suficiente para el Presidente Cándido Conde-Pumpido que ha incluido el debate sobre el tema en el orden del día del pleno que arranca hoy martes y se presume que se deliberará el miércoles.

El Supremo suspendió el voto en las próximas elecciones generales de los nacionalizados por la ley de nietos que no demuestren que son descendientes de exiliados.

Según comunicó el Constitucional, los doce magistrados tendrán que decidir sobre la admisión del recurso interpuesto por el organismo que dirige Ángel Gabilondo y, en su caso, sobre la pretensión cautelar que en él se formula.

El ponente lo ve prematuro

El ponente al que correspondió este asunto es el magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador, que propone la inadmisión del recurso por prematuro.

En su recurso, el Defensor del Pueblo reclama al TC que «aprecie la concurrencia de una urgencia excepcional» y decrete «de forma inmediata» la medida cautelarísima de declarar nulos los autos del Supremo que, por partida doble, en septiembre y en octubre, confirmaron la paralización cautelar del voto mientras este tribunal analiza el fondo del asunto.

También quiere que el Constitucional ordene a la Junta Electoral Central que mantengan la vigencia y la inclusión de los españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) «de la manera anterior a esas resoluciones, de modo que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales».

Para el Defensor del Pueblo, la celebración de elecciones el próximo 29 de noviembre «conlleva una serie de trámites y actos preclusivos muy próximos en el tiempo que, en este caso, no podrían cumplirse de no adoptarse la medida cautelar de manera inmediata».

A su entender, la decisión del Supremo vulnera los derechos a la igualdad, a la participación en los asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva. «El objetivo fundamental de este recurso es conseguir el restablecimiento del derecho fundamental al sufragio activo, al voto, de algo más de 160.000 ciudadanos españoles mediante la estimación del amparo. Y, con ello, preservar el derecho al sufragio activo sin limitaciones no previstas en la normativa electoral», señala. La institución incide en que «el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble».

En su propuesta, Arnaldo califica la petición de «prematura» al recordar que el Supremo mantiene aún abierto el plazo de alegaciones para aquellas personas que se hayan visto afectadas por el auto dictado hace una semana por el alto tribunal. Es decir, considera que todavía no se ha agotado la vía judicial ordinaria.