En los últimos días, el debate sobre el impacto de la llamada «Ley de Nietos» en el censo electoral ha saltado al primer plano de la política madrileña con un escándalo político de proporciones estratosférica.
Con ella, presuntamente, el sanchismo ha estado haciendo trampas en el voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con el fin de dar un pucherazo en las próximas elecciones generales.

No hay día en que no se publiquen los abusos que se han venido haciendo y deben ser verdad por el cabreo que tiene el presidente Sánchez con el tema.

Y ante tanto escándalo, hay que preguntar si también se ha manipulado el censo electoral en Pozuelo de Alarcón.

¿Alguien sabe si se ha revisado en este Ayuntamiento el famoso CERA, para comprobar cuántos nuevos electores vinculados a Pozuelo de Alarcón han aparecido desde que entró en vigor esa presunta ley del fraude electoral?

La pregunta tiene, además, una razón histórica muy concreta y no es solo una cuestión de rigor administrativo o cálculo electoral.
Es una exigencia de respeto a la propia historia del municipio.

Durante la Guerra Civil, Pozuelo quedó completamente arrasado al estar durante mucho tiempo en primera línea del frente de batalla.
La devastación fue tan absoluta que casi no quedó piedra sobre piedra, obligando a la totalidad de sus vecinos a evacuar y dispersarse.
Muchos de aquellos pozueleros no volvieron nunca a sus hogares.

Algunos terminaron en otros lugares de España y otros tuvieron que marcharse al extranjero.
Y, naturalmente, tuvieron hijos, nietos y bisnietos.

Ese exilio forzoso y traumático de la población autóctona hace que el registro histórico de vecinos de la época sea extremadamente delicado.
Y, precisamente por esa trágica singularidad, Pozuelo no puede permitirse que la memoria de sus verdaderos damnificados ni las reglas del juego democrático se vean adulteradas por coladeros legales.

Si en municipios jóvenes o de pequeña escala ya se percibe una distorsión inadmisible, la falta de fiscalización en una ciudad del volumen y significación de Pozuelo de Alarcón sería una grave negligencia.

Por eso, cuando se habla de una ley que permite a determinados descendientes de españoles recuperar la nacionalidad y, en consecuencia, incorporarse al censo electoral de españoles residentes en el extranjero, quizá Pozuelo sea uno de esos municipios donde merece la pena mirar los datos con especial atención.

No se trata de poner en duda la nacionalidad de nadie. Ni mucho menos. Se trata simplemente de saber cuántos nuevos electores aparecen vinculados electoralmente a Pozuelo y por qué.

Y es que ya hay otros municipios madrileños que se han hecho esa misma pregunta.
En Tres Cantos, por poner un ejemplo, su Ayuntamiento ha pedido una auditoría sobre los nuevos electores del CERA vinculados al municipio desde 2022, después de constatar un incremento superior a 200 personas.
Y en Madarcos, por poner otro ejemplo, los datos han llegado a una situación cuando menos llamativa. Hay más electores residentes en el extranjero que electores residentes en el propio municipio.

Así que, insisto: ¿Cuántos hijos, nietos o bisnietos de antiguos vecinos de Pozuelo residentes actualmente en el extranjero han sido incorporados al CERA con esta ciduad como municipio de inscripción electoral desde la entrada en vigor de la Ley de Nietos?

¿Ha comprobado el Ayuntamiento que esas vinculaciones electorales con Pozuelo son correctas?

No parece pedir demasiado.
Los vecinos que hoy pagan sus impuestos y construyen el Pozuelo del siglo XXI merecen tener la certeza de que las decisiones que afectan a su municipio las deciden ellos, y no un censo inflado artificialmente a miles de kilómetros de distancia.

Y, una vez que se haya comprobado, sería bueno conocer el resultado.
Por saber…

Y si no hay ninguno, pues mira que bien…
Aunque me extraña.

Juan Manuel Sánchez