La acusación popular unificada que lidera Hazte Oír ha reformulado su escrito de acusación en el caso de Begoña Gómez después de que la Audiencia Provincial remendase parte de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado y eliminase dos tipos delictivos. La acusación pedirá finalmente 13 años de cárcel y la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Audiencia Provincial de Madrid envió a Begoña Gómez a juicio oral con jurado popular, si bien eliminó los tipos delictivos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Este último se refería a la apropiación del software de la Universidad Complutense de Madrid por valor de 113.000 euros.

Este hecho no ha desaparecido del caso, sino que la Audiencia Provincial interpreta que se trata de unas acciones que se enmarcan mejor en el tipo delictivo de la malversación, por lo que existen ahora dos delitos de malversación por los que se encuentra acusada, además de uno por tráfico de influencias.

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Libertad Digital, se apunta a la comisión de un delito de tráfico de influencias recogido en el artículo 429 del Código Penal, para solicitar una pena de dos años de cárcel, además de una multa de duplo del beneficio perseguido u obtenido, así como pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de diez años, al haberse obtenido el beneficio perseguido.

Así, por un delito continuado de malversación de patrimonio público enmarcado en el artículo 432 bis, se le piden tres años de prisión y suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de cuatro años.

El segundo delito enmarcado en la malversación hace referencia al recogido en los artículos 432.1 y 432.2.b), 433 ter, 435.1.º y 24.2 del Código Penal. Por este último se piden ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años.

En total, la mujer del líder socialista se enfrenta a 13 años de cárcel. Subsidiariamente, si el magistrado instructor o la Audiencia entienden que no existe la posibilidad de acusarla de dos delitos distintos de malversación, se pide una pena conjunta de diez años de prisión e inhabilitación total.

Por su parte, la acusación popular pide para su asesora, María Cristina Álvarez, una pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de quince años por su participación en los hechos por los que se encuentra investigada Begoña Gómez y en concepto de cooperadora necesaria para la malversación del software. La acusación popular unificada pide que, en caso de condena, las acusadas también se hagan cargo de las costas.

Más de 100 testificales

En este marco, la acusación se ratifica en las más de 100 testificales que pedían en su primer escrito y solicita que comparezcan como testigos Pedro Sánchez; el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños; el rector de la Complutense, Joaquín Goyache; y el empresario Juan Carlos Barrabés, que seguirá siendo investigado por los contratos públicos que recibió Red.es después de haber apoyado a Begoña Gómez.

El Ministerio Fiscal no realiza acusación en este proceso, por lo que este escrito de la acusación popular unificada será el único escrito de acusación con el que cuente la Audiencia Provincial de Madrid.