La acusación popular unificada liderada por la Asociación Hazte Oír ha formulado su escrito de acusación, en el que pide un total de 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El juez instructor Juan Carlos Peiando procesó la pasada semana a la mujer de Pedro Sánchez por la supuesta comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La instrucción del caso se cerrará cuando se adjunten las diligencias ya ordenadas y será entonces cuando se decrete la apertura de juicio oral.

En el escrito de acusación de 81 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación ha pedido un total de 24 años de cárcel para Begoña Gómez. En un primer lugar, le achaca la comisión de tres delitos de tráfico de influencias que sumarían un total de seis años de prisión, las multas que correspondan y la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por 30 años.

En el mismo sentido, se le pide una pena de cuatro años de prisión y seis de inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio, además de la multa correspondiente, por haber realizado un presunto delito continuado de corrupción en los negocios. Respecto al delito continuado de malversación de patrimonio público, la asociación que lidera la acusación popular unificada le pide ocho años de prisión y una “inhabilitación absoluta” por un tiempo estimado de 20 años. De la misma forma, por el delito de apropiación indebida, le pide seis años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria a fijar en una futurible sentencia.

Al respecto de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, la acusación popular le pide un total de 22 años de prisión por ser “cooperadora necesaria” de Gómez. En concreto, le pide por su participación en los mencionados delitos de tráfico de influencias, una pena de seis años de prisión. A esta pena, se le sumaría la prohibición de contratar con el sector público y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o incentivos fiscales por un tiempo de 20 años; además de la prohibición de ejercer un cargo público durante los próximos nueve años a la futurible condena. Todo ello, se sumaría a la multa correspondiente.

Acerca del delito continuado de corrupción en los negocios, la acusación popular unificada pide cuatro años de prisión y seis de inhabilitación, además de la multa correspondiente. Sobre la comisión del presunto delito de malversación de patrimonio público, le pide ocho años de prisión y una “inhabilitación absoluta” por tiempo de 20 años. Por el delito de apropiación indebida, le pide seis años de cárcel y una multa de doce meses con una cuota diaria a definir en una futurible sentencia.

Para el socio de la cátedra de Gómez, Juan Carlos Barrabés, la acusación popular le pide un total de siete años de prisión. En concreto, pide una pena de tres años por el delito de tráfico de influencias y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante diez años; además de la multa correspondiente. Para el delito continuado de corrupción en los negocios, se le piden cuatro años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de industria durante seis años.

Sánchez como testigo

En el escrito también quedan recogidos las más de cien testificales que ha pedido la acusación popular. Entre los testigos que pide la acusación liderada por Hazte Oír se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños. Además, se pide la testifical del empresario vinculado a la trama Koldo, Víctor de Aldama; el expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; y el exasesor de Sánchez Iván Redondo.