El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a poner cifras sobre la mesa para evidenciar lo que considera una situación límite. Según los últimos datos, los centros de acogida para menores migrantes en la Comunidad de Madrid funcionan con una sobreocupación que se mueve entre el 130% y el 150% en los últimos meses.

Esta vez ha sido la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien ha responsabilizado directamente a la política migratoria del Ejecutivo central, que ha calificado de “temeraria”, por poner en riesgo la red madrileña de protección a la infancia.

“Llevamos ya dos años, desde que vivimos esta crisis migratoria, hablando del tensionamiento de nuestros centros. No lo decimos nosotros, lo dice nuestra capacidad de atención”, ha apuntado.

Precisamente ha recordado que fue esa presión la que forzó la apertura del centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, cuando los espacios en marcha ya estaban sobresaturados. Una decisión que, según ha insistido, no fue opcional sino consecuencia de un sistema que, en sus propias palabras, está “tensionado y colapsado”.

Preguntada por el decreto que regula el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, Dávila ha defendido que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre cumple la ley”. No obstante, ha matizado que la norma se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional por once autonomías y admitida a trámite, por lo que ha pedido “mantener prudencia”.

Sobre los 647 menas que, según el Gobierno central, tendría que acoger Madrid, Dávila ha exigido primero conocer “cuál es el plan del Gobierno” para ellos. Para ejemplificarlo, ha aludido a los menores que se encuentran en Canarias: “Necesitamos saber qué es lo que pretende hacer porque con los autos en los que el Tribunal Supremo le ha ordenado al Gobierno que se haga cargo de los 1.000 menores que se encuentran en Canarias solicitantes de asilo y lleva casi 200 días sin atender a esta indicación”.