La exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, podría pasar los próximos 8 años en prisión después de que la acusación particular haya solicitado esta pena por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.

Posee habría orquestado un entramado para fraccionar contratos de obras en colegios públicos y así esquivar los controles legales antes de asumir la alcaldía del municipio madrileño.

¿El objetivo? Evitar los procedimientos de contratación ordinaria que garantizan la transparencia.

En los fundamentos de derecho la jueza ha sido contundente: el fraccionamiento fue «consciente y deliberado» para «eludir el límite cuantitativo» que obliga a procedimientos más transparentes.

En total, la trama habría movido casi 385.000 euros de dinero público.

Del escrito de la acusación se desprende la forma de actuar para camuflar sus actuaciones: «Aunque los contratos de forma individualizada no superaban la cuantía de 50.000 euros (sin contar su IVA, con IVA si superaban esa cifra), la suma de todos ellos asciende a 384.956,82 euros».

La petición del exdirector de Hacienda del consistorio Sergio Gil, cesado por el exgobierno de Noelia Posse en 2018 y denunciante del caso, se formula en la fase intermedia del procedimiento judicial después de que la jueza transformara el pasado marzo las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, lo que supone la conclusión de la instrucción para dar paso al juicio.

Además de Posse, que ejercía entonces de concejala de Medio Ambiente, Parques-Jardines y Limpieza Viaria –hasta julio de 2016–, también está acusada Ángeles Cortizas, jefa de Mantenimiento y Edificios Municipales y Colegios Públicos.

Piden 8 años de prisión para Noelia Posse, por trocear contratos en su época de alcaldesa de Móstoles.

Es la misma alcaldesa que nada más llegar el cargo intentó enchufar como asesores a todo tipo de familiares y amigos.

Es por supuesto, una devota sanchista. pic.twitter.com/7vgup2JaBU

— Froilán I de España (@FroilLannister) May 21, 2025