La Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia tendrá lugar este lunes, 28 de abril, en Madrid, según confirmó este viernes el Ministerio de Juventud e Infancia. La reunión, clave para pactar el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, se celebrará a las 16:00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Aunque inicialmente la ministra Sira Rego había anunciado que la próxima reunión se celebraría en Ceuta a comienzos de 2025, la cita se ha adelantado tras la convalidación del real decreto-ley en el Congreso –fruto del acuerdo entre el Gobierno y Junts— que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece los criterios de reparto de estos menores entre las autonomías.

Este movimiento sorpresivo de Rego ha puesto en pie de guerra a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, pidió formalmente a la ministra que cancele esta Conferencia Sectorial por considerarla “ilegal”. Lo hizo a través de una misiva a la que tuvo acceso Libertad Digital.

“Se trata de una nueva vuelta de tuerca del Gobierno de España a las comunidades autónomas, que, no olvide, representamos legítimamente a millones de ciudadanos cuyos derechos se ven ninguneados y pisoteados sistemáticamente por una actuación desleal”, señala la consejera del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Dávila muestra su preocupación por que esta convocatoria, “que está viciada de nulidad, sea un paso más en la cadena de irregularidades que el Gobierno de España lleva realizando desde la misma elaboración del real decreto-ley, que no fue consultado, ni informado, como es preceptivo, con todas las comunidades autónomas”, recuerda.

Es por lo que el Ejecutivo autonómico considera que la actuación de Sira Rego supone una “clara vulneración” del marco competencial y un “desprecio” al procedimiento, “que no es irrelevante, sino la garantía del funcionamiento adecuado de los órganos colegiados”. Y es que han convocado una reunión extraordinaria sin que se den los requisitos formales [que se presenten circunstancias que hayan surgido de forma inesperada y que tengan que ser atendidas urgentemente], explican fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales a este periódico. Todo ello para “evitar dar información para preparar la reunión en la Comisión Sectorial, órgano encargado de estudiar los asuntos sobre los que luego se deliberará y, en su caso, votará en la Conferencia Sectorial”, lamentan dichas fuentes. Pero también porque en esta Conferencia Sectorial se van a adoptar acuerdos sobre cuestiones que están expresamente prohibidas en este tipo de convocatoria extraordinaria, añaden.

El artículo 17.3 del Reglamento de la Conferencia Sectorial especifica que “no podrán someterse a aprobación en reunión extraordinaria los asuntos siguientes: los relativos al establecimientos de planes de cooperación entre comunidades autónomas, así como proyectos y programas conjuntos, conforme a la letra e) del artículo 3.1 de este Reglamento y los relativos a la fijación de los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, conforme a la letra h) del citado artículo 3.1”.

“Señora ministra, su departamento ha decidido tratar a las comunidades autónomas como súbditos, a pesar de que somos nosotros, y no ustedes, quienes tenemos la competencia de proteger los derechos de los menores”, espeta Dávila en su carta a Rego.

En este punto, la consejera madrileña recuerda que el Gobierno central está incumpliendo un mandato del Tribunal Supremo al negarse a atender a los 1.000 menores solicitantes de asilo cuya asistencia ha sido expresamente ordenada por el Alto Tribunal. “Este incumplimiento no solo evidencia una alarmante falta de respeto a la justicia, sino también una profunda carencia de humanidad. Revela con claridad la verdadera cara de un Gobierno que ha demostrado reiteradamente que los menores no le importan, al pretender su traslado arbitrario como si fueran mercancía y no personas”.

En este sentido, Dávila subraya que “resulta aún más inaceptable que, mientras se desatiende una obligación judicial, se intente imponer a las comunidades autónomas decisiones de gran impacto mediante una convocatoria que, además, infringe el artículo 17 del Reglamento de la Conferencia Sectorial”. Y es que las circunstancias alegadas no pueden considerarse ni sobrevenidas ni urgentes, al haberse producido hace más de un mes, coincidiendo con la entrada en vigor del real decreto-Ley en cuestión, alega Dávila, que recuerda que dicha norma, además, ha sido recurrida ya en los tribunales.

Aragón recurre a los tribunales

Y puede que no sea el único recurso que Madrid presente. La consejera madrileña indica a la ministra que de no cancelar la Conferencia Sectorial, “dada su evidente ilegalidad”, acudirán a los tribunales. “Hay que estudiarlo en función de lo que pase el lunes”, añaden fuentes de su departamento. Quien ya ha emprendido acciones legales ha sido el Gobierno de Aragón, que este viernes presentó un nuevo recurso contencioso-administrativo contra esta convocatoria por considerar que la misma se deriva del real decreto ley que impone a las comunidades autónomas los criterios para el reparto de menores inmigrantes.

No obstante, y pese a este recurso, el Ejecutivo presidido por Jorge Azcón, acudirá a la cita, informa la agencia Efe. Este litigio administrativo se suma además al que Aragón presentó hace unas semanas contra el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia para que las comunidades facilitaran los datos sobre la ocupación y plazas de los centros de menores, un recurso con el que solicitaba además como medida cautelar la suspensión de esa petición.

Además, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón siguen trabajando para presentar el recurso en el Tribunal Constitucional en contra del real decreto ley, puesto que éste, además de no ser un instrumento jurídico admitido por la Constitución para regular los derechos de los menores inmigrantes no acompañados, “invade las competencias autonómicas y conculca los principios de igualdad” entre las comunidades autónomas. El Ejecutivo de Azcón, según aseveró en un comunicado, considera dicho decreto “un ejemplo más de la sumisión del actual Gobierno de España respecto a sus socios independentistas”.