El aumento de los residentes de origen extranjero en la Comunidad de Madrid que se viene registrando desde hace años ha conllevado un aumento de los servicios de interpretación y traducción de idiomas que se realizan en los juzgados, tribunales y fiscalías de la región para garantizar el acceso a la Justicia de todas las personas que no se expresan con soltura en español y para la correcta incorporación al proceso de pruebas en otros idiomas. El año pasado, se realizaron 8.347 interpretaciones y traducciones dentro del ámbito jurisdiccional, una cifra que supone un repunte del 6% con respecto a 2023.

“No hemos tenido un boom significativo de 2023 a 2024, lo que sí que es cierto es que desde hace algunos años atrás han ido yendo a más”, explica Alejandra Alonso Bernal, directora general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, sobre este servicio público que financia la Comunidad de Madrid. “Ha sido un desafío el tener que ofrecer traducciones o interpretaciones en idiomas y dialectos poco comunes hace años en la región”, agrega la responsable autonómica, que traslada que “a la par que va incrementándose la población extranjera se incrementa objetivamente el número de ciudadanos extranjeros susceptibles de participar en un proceso judicial”.

El Gobierno regional cubre estas necesidades con trabajadores propios y también a través de un contrato de traducción e intérpretes con el que cubre las lenguas menos comunes. El personal propio presta servicio en los idiomas más habituales -como árabe, francés, inglés, alemán, portugués, polaco y chino- y externaliza las peticiones que la Comunidad no puede atender. Precisamente, hace unas semanas se licitó una convocatoria para los próximos dos años que tiene un presupuesto base licitación de casi 1,5 millones de euros.

El Ejecutivo autonómico considera que este servicio es “imprescindible” para el normal funcionamiento de la Justicia madrileña. “Es necesario para declaraciones orales de personas extranjeras, así como para la traducción escrita y la transcripción de cintas de audio o similares grabadas en lenguajes distintos del español”, precisan desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, fuentes que añaden que en todos los casos son los jueces y los magistrados los que deciden si procede hacer uso de esta herramienta a su disposición.

Los idiomas más demandados para interpretación el año pasado fueron el árabe (1.766), el chino mandarín (932), el inglés (883), el rumano (774) y el wolof (774). Mientras, las combinaciones más comunes en el servicio de traducción fueron español-inglés británico (204), español-alemán (91), inglés británico-español (55) y español-italiano (53). En cuanto a los partidos judiciales que más utilizaron este servicio público fueron, en el caso de la interpretación, la capital (5.368) seguida de Alcalá de Henares (271), Getafe (217) y Parla (211). Respecto a los servicios de traducción, Madrid volvió a destacar (788) seguida de Alcalá de Henares (33), Móstoles (31) y Fuenlabrada (22).

Alejandra Alonso Bernal calcula que puede situarse en torno a 400 el número de intérpretes que han trabajado en procesos en la región a lo largo de 2024, a los que habría que sumar unos 110 traductores. Fundamentalmente son servicios que se prestan en la jurisdicción penal, aunque también hay solicitudes en el orden civil y en el social. “La intención de la Comunidad de Madrid es que no pueda haber la más mínima indefensión en un procedimiento judicial por que una persona hable un dialecto concreto o una lengua que no sea común en el ámbito de nuestra región o de la Unión Europea”, asevera la directora general.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, destaca el “compromiso” del Gobierno regional para “facilitar” el acceso a la Justicia y “garantizar” el derecho a la tutela judicial efectiva. “Además de este servicio de traducción, este año destinaremos 63 millones de euros para garantizar la asistencia jurídica gratuita y hemos puesto en marcha la figura del experto facilitador judicial para ayudar a las personas con discapacidad a relacionarse con la Administración de Justicia”, traslada el también portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.