La Comunidad de Madrid ha enviado ya la información solicitada por el Ministerio de Juventud e Infancia para asignar el número de menores que deberá acoger la región en los próximos meses. El Ejecutivo autonómico ha detallado en su informe el número de atendidos por los servicios sociales durante el año pasado. Asimismo, se ha señalado el porcentaje de ocupación de las plazas específicas de atención, que se encontraría sobrepasadas en un 132%. De forma paralela, el Gobierno regional prepara el recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias de la nueva Ley de Extranjería y los criterios de reparto establecidos.

“Hemos trasladado el dato que venimos diciendo, el de 2442 menores extranjeros no acompañados atendidos en todo el sistema de público de protección de menores”, ha indicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, este lunes. El informe se envió el domingo atendiendo a la petición recogida en el Real Decreto Ley de enviar la información antes del 31 de marzo. La titular de Asuntos Sociales ha concretado que durante estos días se prevé superar los 1.000 menores atendidos en este año.

Por otro lado, Dávila ha detallado que en el informe enviado han reflejado el volumen de ocupación. “También hemos reflejado el porcentaje de ocupación de nuestros recursos específicos para atender a estos menores, que ya sobrepasa el 132%”, ha señalado. Sin embargo, no se ha especificado el número de plazas habilitadas en la red de protección, ni las que se encuentran ocupadas. Estos datos se solicitaron a las comunidades autónomas después de que el Ejecutivo central modificara la Ley de Extranjería para obligar a acoger los menores migrantes cuando la capacidad de los servicios de atención de un territorio concreto se multiplique por tres, como ocurre ahora en Canarias o Ceuta con más de 4.000 menores.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales reiteran que “los centros están tensionados” tanto en capacidad como por la falta de profesionales para atender adecuadamente a cada menor. “Seguimos reclamando al Gobierno de España que configure un plan para atender a todas estas personas, que configure un sistema de control de las fronteras, que trabaje con Frontex, que intente evitar que tantas personas sigan perdiendo la vida en el mar tratando de llegar a nuestro país por la ruta más peligrosa del mundo”, ha precisado Dávila. Además, la titular de Asuntos Sociales ha reiterado la necesidad de tener información sobre los niños que llegarán y su situación: “Que tengan en cuenta todas las situaciones particulares de cada uno de los menores. Algunos pueden tener problemas de salud mental, problemas de consumos o problemas emocionales. Y evidentemente necesitamos recursos específicos para atenderlos”.

Ahora, con estos datos, el Ministerio deberá hacer público cuántos menores se reubican en cada territorio. Para ello, se tendrán en cuenta nuevos criterios como la población del territorio, la renta per cápita, la tasa de paro, dimensionamiento estructural del sistema de plazas, esfuerzo previo dispersión territorial, entre otros. La reforma se votará el 10 de abril en el Congreso de los Diputados. Tras ello, se espera comenzar con el traslado de estos niños, aunque todavía no se ha fijado una fecha para esto, ni se ha detallado si se realizarán los repartos de una vez o de manera distribuida en el tiempo.

Mientras se detalla el proceso de reubicación, la Comunidad de Madrid prepara su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma alegando invasión de competencias. Este procedimiento aún no se ha tramitado y se espera registrar el recurso en los próximos días. Con esta acción en los tribunales, en conjunto con otras autonomías, se plantean dos escenarios: paralizar la reubicación de los menores hasta que el tribunal resuelva o proceder al reparto hasta que se publique la sentencia sobre esta cuestión de competencias.