El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación.

En esta norma el Gobierno deja en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la vigilancia y el control del registro de medios -que será obligatorio- y en el que se deberá incluir el detalle de sus propietarios, con nombres y apellidos, así como de sus accionistas, sus fuentes de financiación y sus cifras reales de audiencia.

También se imponen límites a la financiación de las administraciones públicas a la prensa, radio y televisión y se velará para que no haya concentración en el sector.

El Gobierno impulsa la gobernanza democrática en servicios digitales y crea el registro de medios de comunicación, cumpliendo así con la normativa europea.

Se garantiza la pluralidad y la transparencia, afirma el ministro de @mintradigital, Óscar López. pic.twitter.com/LIC277ZnKj

— La Moncloa (@desdelamoncloa) February 25, 2025

Pseudomedios», «fachosfera», «galaxia digital ultraderechista», «máquina del fango», «cabeceras ultraconservadoras»… en el último año, Pedro Sánchez no ha ahorrado en descalificaciones hacia la prensa no afín, la que lleva doce meses destapando las actividades de su mujer, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Coincidiendo con el primer aniversario del estallido del caso Begoña, el Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la nueva ley de servicios digitales y medios de comunicación.

Se trata de una norma con tintes de «ley mordaza», con la coartada de que hay que incorporar al ordenamiento jurídico español diversos reglamentos europeos, como el 2022/2065. Sin embargo, los reglamentos europeos son de aplicación directa en los estados miembro, sin necesidad de ninguna ley nacional; y son las directivas europeas las que sí hay que trasponer.