La tasa de basuras que empezarán a cobrar todos los ayuntamientos desde 2025 amenaza con un aluvión de pleitos. Los consistorios temen que el nivel de litigiosidad en los tribunales sea como el de la plusvalía municipal, y se preparan para el peor de los escenarios.

En algunos casos, por cómo se han diseñado las tasas en cuestión (cada ayuntamiento la ha calculado de una manera diferente), incluso se presupone una victoria judicial de los ciudadanos, lo que acarrearía la devolución correspondiente, según ha podido saber Vozpópuli.

Uno de los últimos en aprobar el impuesto ha sido el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho estar en contra de la tasa “impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez” y ha alertado públicamente de la “indefinición” del gravamen y la “inseguridad jurídica” que genera.

En el Ayuntamiento de la capital denuncian que no se hayan sentado unas bases comunes y cada consistorio haya diseñado su propia tasa en base a unos parámetros distintos (superficie del inmueble, número de ocupantes, consumo de agua, valor catastral de la vivienda, o generación de residuos, entre otros).

La directriz general es que la tasa debe diseñarse de tal forma que cubra efectivamente el gasto de recogida y tratamiento de residuos, sin que pueda ser deficitario pero tampoco superar el coste. La Asociación de Inspectores de Hacienda Local (ANIHPL) ya advirtió de que “es imposible que todos los ayuntamientos den en la diana”. “Va a haber muchísimos problemas para calcularla”, alertaron.

Precisamente, ante el temor por el alud de reclamaciones que se prevé, en Madrid se ha optado por calcular el impuesto fundamentalmente (en un 81%) en base al valor catastral de la vivienda. Desde el consistorio recuerdan que la justicia ha avalado previamente una regulación de la tasa de basuras ligada a este dato.

El 19% restante para calcular la tasa que le corresponde a cada inmueble (y que el propietario podrá cargar sobre el inquilino en las viviendas alquiladas) depende del volumen de basura que genera cada barrio (según un estudio realizado los últimos meses desde la concejalía de Medio Ambiente y el Parque Tecnológico de Valdemingómez).

En ese último punto es donde auguran, según ha podido saber este periódico, que puede haber más conflicto. Sin embargo, fuentes internas aseguran que se han cubierto las espaldas condicionando la mayor parte del cálculo (el 81% del total de la tasa) al valor catastral. Incluso, en función de cómo evolucione, se abren a revisar el próximo año el 19% variable.

La nueva tasa de basuras

Los ayuntamientos de toda España han tramitado ordenanzas para cumplir con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados, que traspone una directiva europea de 2018. Las cuantías y las formas de pago dependerán de cada región y la fórmula escogida por cada consistorio para calcularla.

En Madrid, por ejemplo, asciende a 140 euros por inmueble de media y en 2025 se tendrá que abonar en un solo pago. A partir de 2026 ya se podrá fraccionar. Durante la etapa de Ana Botella, el Ayuntamiento decidió eliminar esta tasa para los inmuebles residenciales y sólo se mantenía para los comercios.

Sin embargo, hay otros municipios que en la actualidad sí cuentan ya con una tasa específica de residuos para todos los ciudadanos. En esos casos, ahora el importe previsiblemente crecerá al revisar el modo de cálculo para que cubra todo el gasto, según la OCU.

Finalmente, hay un asunto que afectará a todos los contribuyentes por igual y que también puede generar conflictos, y es que en los propietarios podrán cargar la tasa al inquilino. En España hay, según los datos de la Agencia Tributaria, más de dos millones de viviendas arrendadas, casi medio millón de ellas en Madrid.

(Gentileza de Vozpópuli-Beatriz Trigueros)