El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso calcula que el cupo catalán, que ahora se esfuerza en negar la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, supondría que cada madrileño tenga que pagar más de 2.000 euros extra en impuestos a cada uno de los madrileños.

Según han explicado fuentes de la consejería de Economía, Hacienda y Empleo a El Debate, esta cifra es fruto del estudio que hizo el Ejecutivo autonómico en 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez amenazó con la armonización fiscal de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, e IRPF.

Recuerdan desde el departamento comandado por Rocío Albert, el Gobierno de Sánchez llegó incluso a encargar a un comité de expertos un libro blanco para la reforma tributaria, que se presentó en marzo de 2022 y del que, evocan, «nunca más se supo».

En ese contexto, Madrid calculó que esa armonización fiscal supondría 2.000 euros adicionales en impuestos para cada madrileño. Una cantidad que ahora extrapolan al cupo catalán y que podría ser incluso mayor en el escenario actual.

Tal y como explican las fuentes consultadas por este periódico, ese incremento se debería a que al coste de la armonización habría que añadir el de los 15.000 millones de deuda que Cataluña tiene con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se repartirá entre todos los españoles, aumentando la deuda del Estado y, por tanto, los intereses que se pagan por la misma. Esto supondrá, lamentan, «tener que restar recursos de otras áreas, como educación o dependencia, para hacer frente a esos pagos, hipotecando a generaciones futuras».

Asimismo, explican que también hay que tener en cuenta el Fondo de Solidaridad entre regiones, al que la Comunidad de Madrid aporta más del 71 %. Cataluña, aluden, aportó en 2022, último año con datos de liquidación, 2.351 millones y, si deja de hacerlo, apuntan a que se podrían abrir tres escenarios distintos.

Por un lado, que esa cantidad la asumiera el Estado, por lo que dejaría de disponer de esos recursos para otras actuaciones como podrían ser inversiones en la deficiente red de Cercanías o en Sanidad.

El segundo de los escenarios sería, según estas fuentes, que ese dinero lo asuman las otras dos regiones que aportan al Fondo, esto es, Madrid y Baleares. Esto significaría que Madrid tendría que aportar entre 2.200 y 2.300 millones de euros más. Además, ahondan, regiones que tradicionalmente han sido receptoras pueden terminar convirtiéndose en aportadoras al sistema de financiación como Castilla-La Mancha o Aragón.

En último lugar, podría darse la circunstancia de que nadie aportara lo que dejara, en su caso, de aportar Cataluña, con la consiguiente merma para los servicios públicos de todas las comunidades autónomas.

(Gentileza de El Debate-Paula Baena)