El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido este lunes la “responsabilidad” de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto G.A, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que no va a “consentir” que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento sean “perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva”.

Así se ha pronunciado el jefe del Ministerio Público en una declaración institucional en un acto tras la toma de posesión de varios fiscales y acompañado de la cúpula de la carrera fiscal. “Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución”, ha señalado.

García Ortiz ha incidido en que “recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución” y ha recordado que “la ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia”.

Sobre el caso particular de la nota de prensa emitida el pasado 14 de marzo, el fiscal general ha defendido que “no puede considerarse infringido el deber de reserva” porque el objeto de la comunicación era “de dominio público fruto de indeseables filtraciones”.

Con todo, ha sostenido que “la comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial”.

“ESTABA INFORMADO”

El ‘número uno’ del Ministerio Público ha asegurado que “estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado” que, según ha dicho, “se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios”.

Así las cosas, García Ortiz ha pretendido que esta declaración institucional sirva como “respaldo a los compañeros de la Fiscalía Provincial de Madrid, que no han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico”.

Por último, el fiscal general ha querido destacar que el Ministerio Público “actúa con absoluta imparcialidad, objetividad y neutralidad política en el ejercicio de sus funciones” y ha incidido en que “ningún ciudadano o ciudadana de este país recibirá un tratamiento distinto por motivos ajenos al proceso”. “La actuación del Ministerio Fiscal se enmarca siempre dentro de la Ley, porque fuera de la ley no hay nada”, ha añadido.

Cabe recordar el propio Alberto G.A., el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el sindicato Manos Limpias han emprendido acciones legales contra los fiscales del caso a raíz de la publicación de la nota de prensa sobre la que se ha pronunciado este lunes el fiscal general.