Los gritos se oían en los dos bajos de la calle de Cuba, 10, en Fuenlabrada: «¡Levántate de una puta vez y ponte a trabajar!». La voz de una de las ‘madames’ (tres por lupanar, en turnos de mañana, tarde y noche) ponía firmes a aquellas esclavas sexuales a las que consideraba «más vagas»; es decir, aquellas cuyos cuerpos no soportaban las docenas de relaciones obligadas que podían mantener a diario en las 16 horas de jornada ‘laboral’. Y no eran de cualquier tipo.

En uno de los siete registros practicados (Canillejas, Leganés. Getafe, además del mencionado del municipio fuenlabreño), los agentes del Grupo VI de Extranjería de Madrid encontraron hasta una jaula donde tenían, sí o sí, que someterse a sesiones de sadomasoquismo.

«Los clientes elegían la práctica que deseaban, las ‘operadoras’ de los teléfonos les ofrecían el catálogo de chicas y los precios, según lo que quisieran hacer con ellas. Incluso penetrarlas sin preservativo, aberraciones», explican a ABC fuentes del caso.

La operación Klaus comenzó en diciembre de 2022, cuando el teléfono de atención a la trata de personas (900 10 50 90) recibió la llamada de una joven colombiana que aseguraba que una amiga (realmente, era ella) estaba en manos de una red de explotación de mujeres. Contactaron con ella y, cuando les narró la realidad, pasó a ser testigo protegida.

El hecho de que la organización criminal operara en viviendas (desde locales comerciales a chalés, como uno en la avenida de Canillejas a Vicálvaro), dificultó mucho la investigación. Oficialmente, se trata de moradas y su privacidad está protegida constitucionalmente, por lo que los policías nacionales tuvieron que recabar numerosas pruebas y testimonios para que la autoridad judicial ordenara las entradas y registros. Finalmente, se llevaron a cabo el 7 de noviembre.

Dos patas de la trama

La red tenía dos partes. Por un lado, una mujer, apodada Susana y a la que no se ha podido detener, que, desde Colombia, captaba allí a las víctimas: mujeres jóvenes, económica y socialmente muy vulnerables, a las que (normalmente, por el boca oreja, pero también por redes sociales) ofrecían trabajo en Europa por 10 euros al día. Un chollo, o eso parecía. Esta delincuente las enviaba a España, con una primera deuda, que sumaban los gastos en los vuelos, los papeles y la estancia.

Ya en Madrid, otra ‘mami’ se encargaba de distribuirlas por los pisos. Y aquí era donde comenzaba la segunda parte del engranaje criminal. Cada vivienda tenía un propietario que, a su vez, contaban con tres cancerberas, una por turno, las 24 horas.

Dormían tres chicas por cama. Las obligaban a tomar drogas, tanto solas como con los clientes, de manera que conseguían someterlas aún más, al engancharlas; obtenían más dinero en los servicios en los que dispensaban estupefacientes a los hombres; y, para colmo, incrementaban la cuantía de sus deudas.

También un ‘telecoca’

El ritmo era frenético. Cada vivienda tenía una centralita con varios teléfonos. Uno de ellos podía registrar 60 llamadas de hombres al día. Además, aprovechando esa logística, los delincuentes habían comenzado a operar también como un ‘telecoca’, distribuyendo dosis a donde las pedían los clientes. Así, se hicieron con 600.000 euros en un año, pero se sospecha que obtuvieron más de un millón. Hay una investigación patrimonial abierta, pues más de dos mil pagos (300.000 euros) se realizaron desde el sistema Bizum.

Los conceptos de esos cobros eran de lo más peregrinos, como «regalo» o «pastillas de freno». El dinero, también el efectivo, iba a las cuentas de los líderes (cuatro de este método de envío rápido y ocho más directamente bancarias), que blanqueaban una parte comprando joyas. Con esas facturas, las revendían, y así justificaban su procedencia. Un negocio redondo.

Los capos llevaban un alto nivel de vida: «Residían en un chalé potente, tenían coches como un Infiniti Q50», precisan los investigadores. El chalé de Canillejas es propiedad de unos rusos y las ‘mamis’ que allí vigilaban son de origen rumano. El resto de los involucrados, también las esclavas, son latinoamericanas, especialmente de Colombia. Hay 24 detenidos por los hechos vinculados a la trata y 12 más por vulnerar la Ley de Extranjería. Solo dos han entrado en prisión.

La Policía Nacional ha encontrado numerosos libros de registro, donde se apuntaban las ganancias. Están siendo investigados. Por lo pronto, una pastilla de Viagra costaba 20 euros; medio gramo de cocaína, 30; el gramo, 60; 140 euros la hora con una chica; 100, la media hora… El Grupo VI de Extranjería de Madrid presuponían que las víctimas se debían de quedar con la mitad del dinero, pero como mucho obtenían 20 euros al día.

Se sospecha que más de 30 mujeres han estado durante este año bajo la bota de estos explotadores. Se ha conseguido liberar a siete, que son las que al final han denunciado, lo que en investigaciones así es todo un hito. La Fiscalía contra la Trata está dando cobertura a todo este operativo y se ha dado cobertura a las testigos protegidas con el apoyo de ONG especializadas.