En un comunicado conjunto de las cuatro asociaciones profesionales de jueces y magistrados de nuestro país (Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)) y tras la declaración institucional emitida, el pasado lunes, por su máximo órgano de gobierno – el Consejo General (CGPJ)– el Poder Judicial ha reaccionado, en unidad de acción a la ley de amnistía que avanza el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

«Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias».

«El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Ello podría suponer, en la práctica, «someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».

«Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución», recuerdan los jueces y magistrados en su comunicado,

«Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables». «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», concluye la nota.

Encierra un «cambio constitucional»

En el mismo sentido se ha manifestado la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) tras «haber tenido conocimiento del acuerdo» alcanzado para la investidura de Sánchez. En el mismo «se incluye la aprobación de una ley de amnistía que contempla la posibilidad de establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales», una medida ante la que la AF muestra «su más firme oposición».

La entidad mayoritaria de miembros del Ministerio Público lo califica de «ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho».

«Es inadmisible la utilización del término guerra judicial (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tienen encaje en nuestro orden constitucional vigente», alertan tajantes en el texto.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha alertado sobre cómo el riesgo del acuerdo alcanzado entre socialistas y separatistas es «muy grave» y, en sí mismo, «encierra un cambio de modelo constitucional». «Se está buscando el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación en la que se acepta un mediador», alerta el portavoz de la entidad, Salvador Viada.

Para la APIF, que cuenta con un vocal electo en el seno del Consejo Fiscal, el pacto «lleva implícito el derecho de cualquiera de las partes del Estado español a la autodeterminación, lo que supone un golpe de gracia al orden constitucional».

Un nuevo escenario que traerá como consecuencia «la amnistía para exculpar a todos aquellos que delinquieron conforme al sistema ahora vigente y que se considera superado por ser incompatible con sus objetivos» y que, ahora, «van a ver como esas conductas ilícitas quedan borradas». Es decir, «una consecuencia que sólo es lógica si lo que se está planteando es un cambio de régimen como al que parecen querer llevarnos el PSOE y Junts», apostilla Viada.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)