Sumar presentó este martes en Barcelona su propuesta de amnistía, ante la indiferencia del PSOE. Los socialistas llevan días aclarando que el documento encargado por Yolanda Díaz «no es el documento ni la posición del PSOE», como reiteró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras el último Consejo de Ministros.

Los tres catedráticos y dos profesores de Derecho Penal que han elaborado la iniciativa llaman a la amnistía «segunda fase de la política criminal despenalizadora». Una forma de «pasar página», «poner el contador a cero», en palabras del exdiputado Jaume Asens, el hombre que acompañó a Díaz hasta Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont.

Asens intervino en el acto para desmentir que la amnistía sea «una simple moneda de cambio» para la investidura de Pedro Sánchez. Es, según él, una «oportunidad histórica». Por el contrario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones asistió como mera oyente, igual que la exalcaldesa Ada Colau.

La iniciativa de Sumar no se limita a tender un manto de impunidad sobre las «acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña» entre el 1 de enero de 2013 y el 17 de agosto de 2023, que es su ámbito de actuación. Sino que además reescribe la historia de lo ocurrido en Cataluña en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

De entrada, cita como origen de todos los males la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut del año 2010. Sus autores son Nicolás García Rivas, Antoni Llabrés, Javier Mira Benavent, Guillermo Portilla y Rafael Rebollo. En el documento defienden que el Estado debió haberlo dejado estar tras la aplicación del artículo 155, que la causa en el Tribunal Supremo sobraba.

«La resolución penal del conflicto generado en Cataluña a partir de enero de 2013, mediante la STS 459/2019, supuso la expresión de una política criminal que se sirvió de una aplicación muy discutible de la normativa penal vigente, sin explorar otras alternativas menos aflictivas. En este sentido, conviene subrayar que la reivindicación de la independencia de Cataluña o del derecho de autodeterminación -si se prefiere- no puede constituir delito en un sistema de democracia no militante como el que establece nuestra Constitución», continúan.

Durante el acto, el más duro y aplaudido fue el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, que despachó el asunto de la amnistía así: «La negociación política no es posible mientras existan todos los escombros judiciales de la aplicación del 155, y por tanto hay que eliminarlos», sostuvo. A su lado, el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías apostilló: «Ha habido una desproporción en la respuesta judicial que necesita ser reparada por las Cortes Generales».

Los delitos borrados

La amnistía de Yolanda Díaz pasa por borrar los delitos contra la Administración pública, contra la Administración de Justicia, contra la Constitución y contra el orden público del Código Penal. También, los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas. Así como las infracciones de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de seguridad ciudadana, una de las más demonizadas por la izquierda (que la pasada legislatura no se puso de acuerdo para reformarla).

Y también incluye a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque los sindicatos de Policía ya han dicho que ellos no quieren ser incorporados, puesto que ello supondría equipararles con quienes violentaron las leyes.

Durante la presentación, el catedrático García Rivas concluyó que el legislador pudo haber prohibido la amnistía en la Constitución y no lo hizo, así que dejó la puerta abierta a sabiendas, según él. «Dentro de la Constitución caben muchas cosas. La política criminal más criminalizadora y la menos», añadió.

Rizando el rizo, los autores del documento invocan la Carta Magna precisamente para justificar su amnistía. «Las posibles actuaciones lesivas de derechos fundamentales que han tenido lugar en los últimos años -por parte de todos los intervinientes- se enmarcan en un contexto de tergiversación del orden público. La superación de esa tergiversación en el marco de una Constitución que proclama como valores superiores el pluralismo político y la libertad (la tolerancia, en definitiva) es la base que confiere legitimidad a una medida tan excepcional», según ellos.

(Gentileza de El Debate-Ana Martín)