La reciente renovación del Constitucional, tras el nombramiento de cuatro nuevos magistrados, dos a propuesta del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se convertía en la excusa perfecta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para retomar las presiones al Partido Popular y abordar la renovación del gobierno de los jueces, cuyo mandato está prorrogado desde 2018. Sin embargo, el varapalo judicial con el que la Moncloa despedía el pasado año, de la mano de un Tribunal de Garantías que congelaba de urgencia los trámites para la aprobación de las dos enmiendas con las que el Grupo Parlamentario socialista trataba de controlarlo, por la puerta de atrás, animaba a los de Alberto Núñez Feijoo a contraatacar, recién estrenado 2023, con un proyecto de ley para despolitizar la Justicia en España que ha puesto a la izquierda contra las cuerdas.

La reforma con la que los populares aspiran a cambiar el actual sistema de elección de los vocales del CGPJ – y que contaría con el visto bueno de Europa y de la mayoría de los jueces y magistrados de nuestro país– ha dinamitado el relato de Sánchez contra la oposición complicándole cualquier explicación de por qué se opone a algo que no sólo se aproxima a los estándares europeos, sino que el PSOE incluía como una de sus promesas electorales, previa a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

No en vano, el Partido Popular ha planteado un texto normativo bajo la idea del «cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el fortalecimiento de la independencia judicial». Más de lo mismo que vienen defendiendo hace meses desde la oposición cuando, ya en julio, lo enviaron a Moncloa en forma de documento. Tal es así que, hasta las rebajas del Gobierno sobre la sedición y la malversación en el Código Penal, populares y socialistas negociaron, sobre esta misma base, llegando a estar muy próximos al acuerdo.

El PP es consciente de que Europa ha exigido «un cambio inmediato en la forma de elección de los vocales de procedencia judicial en el Consejo General del Poder Judicial para que los mismos sean elegidos exclusivamente por los integrantes de la carrera judicial» y ha hecho de este aspecto uno de los puntos fuertes de su iniciativa. Así las cosas, el texto planteado por los de Núñez Feijoo, del que ya tienen una copia en Bruselas, contempla que los doce vocales del turno de procedencia judicial sean exclusivamente elegidos por los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se encuentren en situación de servicio activo y de entre ellos mismos.

A unos meses de que España asuma, en el segundo semestre del año, la Presidencia de la propia UE, las miradas se dirigen hacia Sánchez quien, ya durante el primer día de la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el pasado septiembre, a nuestro país, recibía una recomendación severa u prioritaria para renovar el órgano de gobierno de los jueces y hacerlo, además, acompañado de una mejora «inmediata» en el sistema de elección de los vocales del CGPJ. De lo contrario, el liderazgo español podría verse comprometido.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que no comparte del todo la elección de los jueces por los jueces, estaría dispuesto a negociar la reforma del Partido Popular, siempre que antes se renueve el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial

«Cuando publiquemos el informe de 2023, a principios de julio, en el inicio de la Presidencia de turno de la UE, el foco estará en la política española. Si persiste esta situación, esto podría provocar un debate en el Parlamento Europeo sobre España. Sería mejor empezar la Presidencia de la UE con una plena puesta en marcha de nuestras recomendaciones», advertía Reynders.

Los jueces, a favor de la reforma

A todo ello se suma que, en línea con las recomendaciones de las instituciones europeas, las principales asociaciones profesionales de jueces y magistrados de nuestro país han recibido con muy buenas críticas la propuesta en firme del Partido Popular, en sede parlamentaria. Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han aplaudido el paso al frente para cambiar la ley –por el cauce ordinario y sin hurtar los informes preceptivos, ni el debate parlamentario– de manera que, en el futuro, sean los propios jueces quienes a elijan, directamente, a los 12 vocales de procedencia judicial que se integran en el Pleno del CGPJ.

La propuesta de los populares sigue la línea de las históricas reivindicaciones de la Carrera Judicial y es análoga a la que el interlocutor del PP con Europa, y con el Gobierno, en esta cuestión, el vicesecretario de relaciones institucionales Esteban González Pons, presentó al propio Reynders en nombre de su partido, hace ya varios meses.

Bruselas recomienda que, como mínimo la mitad de los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces los designe el propio gremio. El PP ha recogido el guante. Y, con algunas discrepancias técnicas, los jueces y magistrados de nuestro país avalan el proyecto legal para lograrlo. En este escenario Pedro Sánchez está cada vez más acorralado. Se le agotan los argumentos al presidente del Gobierno para no renovar el CGPJ y, con ello, aliviar las más de 70 vacantes en órganos judiciales de nuestro país que han llevado, a alguno de los más altos como el Supremo a lanzar varios SOS desesperados.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)