«En todos estos años se ha producido de forma sistemática acoso por parte de los antiabortistas a las clínicas, a las mujeres que van a interrumpir su embarazo y también al personal sanitario que trabaja en esas clínicas. Acoso diario metiéndolas en camiones o furgonetas en las que las obligan a hacerse ecografías para poder mostrarles los fetos y por tanto intentar convencerlas de que no interrumpan el embarazo. Y, por supuesto, llamándoles asesinas, haciéndoles pasillos para dificultar su entrada en las clínicas…».

Son las graves acusaciones lanzadas hace unos días por la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra los grupos provida en España. Sin aportar prueba alguna, la política vertió esta incriminación en el marco de una charla sobre la interrupción del embarazo en Buenos Aires, adonde viajó la semana pasada para mantener diversos encuentros con colectivos feministas.

Montero, que hizo nuevamente hincapié en el «derecho a la educación sexual» de «los niños, las niñas y les niñes» –de quienes repitió que «pueden tener sexo con quien quieran»– defendió su nueva ley del aborto, actualmente en trámite parlamentario y que espera tener aprobada para finales de año.

En cuanto al carácter de los centros donde se realizan las interrupciones, la ministra afirmó que el hecho de que la mayoría de ellos sean privados se debe a que en numerosos centros públicos la mayor parte de los empleados son «objetores de conciencia», lo que, enlazó, «choca con un derecho fundamental como es el derecho al aborto».