Jaque a los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a José Antonio Griñán al menor coste electoral.

La Fiscalía Anticorrupción exigió a la Audiencia Provincial de Sevilla que haga efectiva la condena de seis años de cárcel impuesta al que fuera presidente de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE.

El Ministerio Público se ampara en la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado así como en lo elevado de la pena para concluir que no hay motivos de peso que hagan que la condena se tenga que paralizar.

La Fiscalía da respuesta de esta forma a la petición del tribunal, que solicitó a las partes que se pronunciaran a favor o en contra de suspender su ingreso en prisión mientras se tramitan los indultos solicitados.

El movimiento se produce después de que el Tribunal Supremo confirmara las condenas de cárcel para la gran mayoría de los condenados en Sevilla por estos hechos. En el caso de Griñán se confirmó su pena de seis años de prisión por delitos de malversación y prevaricación.

El escrito de Anticorrupción responde al recurso de Griñán, así como el de otros ocho condenados a penas de prisión que van de los tres a los seis años. Entre ellos se encuentran el exdiputado José Antonio Viera, el exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez Contreras; los exconsejeros Juan Antonio Fernández (Empleo), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) o Francisco Vallejo Serrano (Obras Públicas) o el exalcalde de Estepa Jesús María Rodríguez Román.

Todos ellos pidieron a la Audiencia Provincial de Sevilla que se suspendiera su ingreso en prisión hasta que se resolvieran los indultos y los incidentes de nulidad planteados. Sin embargo, la Fiscalía explica que las interposiciones de recursos (incluido de amparo ante el Tribunal Supremo) no suspende los efectos de una sentencia. «Tratándose de sentencia firme, no se tiene previsto una tramitación excepcional de suspensión de la ejecución ante el planteamiento de un incidente de nulidad», dice.

Además, también alude a la gravedad de los delitos por los que han sido condenados. «Sobre la naturaleza de estos delitos, recordemos que el Tribunal Supremo, en su sentencia confirmando estas penas, recoge que estamos ante una forma más de corrupción política, cuando analiza la tipicidad de la malversación. De igual manera al analizar la arbitrariedad de las resoluciones como (reza que) la corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho».