Al menos 322 decisiones sobre acercamientos de las que se han beneficiado presos etarras desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno se tomaron en contra del criterio de las juntas de tratamiento penitenciario. Así lo reconoce el propio Ejecutivo, por escrito, ante el Congreso de los Diputados.

Una de cada tres decisiones que ha tomado el Gobierno sobre el futuro penitenciario de presos de ETA no ha contado con el visto bueno de las juntas de tratamiento de las prisiones, donde los terroristas cumplían condena. Los datos se extraen de una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo de coalición ha enviado al Partido Popular.

Según defiende el Gobierno, en el tiempo en el que Sánchez lleva al frente de Moncloa se han firmado un total de 1.385 resoluciones que afectaban a la población reclusa etarra. No se especifica cuántas de ellas tenían por materia la clasificación de grado penitenciario y cuántas hacían referencia a cambios de destino (traslados y acercamientos). Sin embargo, sí se refleja el número exacto de decisiones que el Gobierno ha tomado en contra el criterio de los técnicos penitenciarios: 487 resoluciones.

Acercamientos

De ellas, 322 corresponden a decisiones sobre el «centro penitenciario de destino» que «se apartaron del destino propuesto por la Junta de Tratamiento».

Cabe recordar que es frecuente que los equipos de cada prisión propongan otra de destino en base a criterios técnicos concretos -como por ejemplo el flujo de ocupación-. Pero luego, es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, quien toma la última decisión sobre el destino del preso.

En otros casos, las Juntas de Tratamiento dejan en manos del Gobierno el destino final del preso. Así le ocurrió al sanguinario Henri Parot, acercado hace mes y medio desde la cárcel de León a la de Zaballa (Álava). Según el Ejecutivo, la junta de tratamiento de Mansilla de las Mulas propuso «su traslado al centro penitenciario que procediera». Interior «resolvió su traslado al que designara la comunidad autónoma del País Vasco». Es decir, la Administración dejó toda la decisión sobre el futuro de Parot en manos del Gobierno de Iñigo Urkullu.

Txapote y Parot

El Gobierno, en su respuesta, oculta si el acercamiento de Javier García Gaztelu Txapote, contó con el visto bueno del centro de Estremera. Tan sólo asume que la junta de tratamiento consideró que no debía progresar de grado y que Instituciones Penitenciarias asumió esa decisión y le mantuvo en segundo grado. Pero no especifica si la prisión tampoco vio conveniente su traslado, habida cuenta que es un caso especial (el hombre que asesinó a Miguel Ángel Blanco, que encarna el ala más dura de ETA), nunca pidió perdón por sus atentados, nunca colaboró con la justicia y nunca dio muestras de aceptar la legitimidad penitenciaria española.

Estas condiciones tampoco se dieron en el caso de Henri Parot, aunque en su caso si se aprobó su traslado desde León. Cabe recordar que Henar García, la directora de la prisión de origen desde la que fue trasladado Parot, fue condecorada con la Cruz del Mérito Penitenciario el pasado mes de septiembre por Fernando Grande-Marlaska. Sólo unas semanas después del acercamiento, que firmó García como presidenta de la junta de tratamiento.

Grados

Por otra parte, el Gobierno también reconoce que 165 decisiones sobre la progresión de grado, la gran mayoría del segundo al tercero, se ejecutaron por parte de Interior llevando la contraria a lo que proponían las juntas de tratamiento.

En este momento, las tres cárceles del País Vasco -ahora se cumple un año desde que asumieron las competencias- tienen en sus celdas a un total de 127 presos de ETA. Muchos de ellos ya han accedido al tercer grado y al régimen de semilibertad por decisión del Ejecutivo de Urkullu, que premia el «arraigo» como motor de la «reinserción». Las asociaciones de víctimas, como la AVT, consideran que el objetivo del colectivo de presos es que todos ellos se vayan «a casa por Navidad».

(Gentileza OkDiario-Pelayo Barros)