El Gobierno vasco ha concedido 29 terceros grados a presos de la extinta ETA desde que hace un año asumiese la competencia de la gestión penitenciaria. Una cifra que ya supera al número de progresiones a la semilibertad que ha aprobado la Secretaría General de Instituciones, dependiente del Ministerio del Interior, a reclusos de la banda terrorista en los últimos cuatros años, es decir, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa a mediados de 2018, según arrojan los datos del último Observatorio Penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), consultados por THE OBJECTIVE.

Entre los últimos beneficiados por el departamento de prisiones vasco, que desde octubre de 2021 dirige Beatriz Artolazabal, están Asier Carrera, condenado por el atentado mortal con coche bomba que acabó con las vidas del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta; Garikoitz Arruarte; Ainhoa Barbarin; Roberto Lebrero y Patxi Marqués.

Una lista a la que, en agosto, también se sumaron también otros reclusos etarras como Zigor Orbe, Santiago Vicente, Aitor Herrera, Igor Martínez de Osaba y Lierni Armendaritz. Esta última, condenada, entre otros delitos, por el asesinato del exministro y diputado del PSC, Ernest Lluc, cuando integraba el ‘comando Barcelona’.

Terceros grados revocados

El Gobierno de Urkullu empezó a progresar al tercer grado a presos etarras desde el pasado mes de febrero. No obstante, de los 29 regímenes de semilibertad concedidos por el departamento vasco —previo beneplácito de las juntas de tratamiento de la prisión—, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido un total de 16, de los que, por ahora, dos han sido revocados. Son los casos de Gorka Martínez Ahedo y José Ignacio Bilbao.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, justificó su decisión en la falta de perdón del interno a las víctimas por los delitos cometidos. En el auto, atendiendo el recurso del Ministerio Público, el magistrado recordaba que la ley exige como requisito para la concesión del tercer grado la «petición expresa del delito». Desde 2021, la AN también ha revocado por el mismo motivo otras tres progresiones concedidas, en este caso por Instituciones Penitenciarias, a presos de ETA. En concreto, a Jon Crespo, Unai e Iñigo Gutiérrez.

Traslados

Estos movimientos se han producido en un año en el que solo 34 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 356 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco. Este jueves, Instituciones Penitenciarias informaba del acercamiento de otros 11 reclusos a cárceles de la comunidad autónoma. Entre ellos, se encuentran caras conocidas, como la exlíder de la banda Iratxe Sorzabal, entregada por Francia a comienzos de septiembre, y otros antiguos miembros importantes como Andoni Otegi Eraso, condenado por el atentado de Santa Pola en el que falleció la niña Silvia Martínez.

Con estos traslados, que se suman a otros 40 que firmó Interior durante este verano, el 81,4% (145 de 178) de los de los presos de la banda ya cumplen pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según las cifras de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT).

Estadísticas de las que también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro días. No obstante, casi la mitad de estos traslados (143) se llevaron a cabo en 2021. Año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, a más de 300 kilómetros, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 34, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de segundo o tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida. En febrero de 2018, bajo el Gobierno del Partido Popular, de los 245 reclusos etarras que había en las cárceles, 209 estaban clasificados en régimen de primer grado.

(Gentileza de The Objetive-Enrique Recio)