Seis exjefes de ETA han declarado este lunes en calidad de imputados ante la Audiencia Nacional por el atentado con coche bomba perpetrado en agosto de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante).

Un ataque que causó dos muertos, entre ellos la pequeña Silvia Martínez, de tan solo seis años de edad. Un atentado que, según apunta un reciente informe de la Guardia Civil remitido al juez Manuel García Castellón, habría sido ordenado por la cúpula de la banda terrorista con el objetivo de intentar frenar la ilegalización de Batasuna.

En el informe, de más de 300 páginas y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los investigadores del Instituto Armado señalan como «bastante probable» que el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola «hubiese sido decidido por la ‘Dirección’ de ETA como medida de presión para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos».

Esa ley había sido aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado apenas un mes y medio antes de que el comando Argala hiciese explotar el coche bomba, cargado con 100 kilos de explosivos, que mató a Silvia Martínez, hija de un Guardia Civil, y a Cecilio Gallego Alaminos, jubilado de 57 años que esperaba el autobús en una parada cercana a la casa cuartel cuando estalló la bomba, a las 20:30 horas del 4 de agosto de 2002.

Tras una extensa investigación encargada por el juez García Castellón, la Guardia Civil da por acreditado que los seis imputados en esta causa integraban el Comité ejecutivo de ETA y «habrían participado en la decisión y facilitación de medios para atentar contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola».

Se trata de Mikel Albisu (alias ‘Mikel Antza’), exjefe del aparato político de ETA junto a la también investigada Soledad Iparraguirre (‘Anboto’); Juan Antonio Olarra Guridi (alias ‘Jon’) y Ainoha Múgica Goñi (‘Olga), miembros del aparato militar de la banda; Félix Esparza Luri (‘Ana’), exjefe del aparato logístico de ETA; y Ramón Sagarzazu (‘Txango’), responsable del aparato internacional de la organización terrorista entre 2001 y 2002.

Atentado de Santa Pola

Todos ellos han declarado por videoconferencia ante el magistrado, que reabrió la causa el pasado mes de marzo a raíz de una querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) para investigar la responsabilidad de la cúpula de ETA en un atentado que estaba a punto de prescribir. E

n su informe, remitido la semana pasada al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil detalla la relación de jerarquía de los seis imputados en seno de la banda terrorista y apunta a que todos ellos podían haber evitado la comisión del atentado, y no lo hicieron.

En su querella, DyJ solicitaba que se les investigue como «autores mediatos» del asesinato de Silvia Martínez y Cecilio Alaminos, y por 51 tentativas de asesinato terrorista. También como responsables de la planificación y coordinación de la logística para poner a disposición de los dos autores materiales del atentado –Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso, condenados a 843 años de cárcel– el coche bomba cargado de 100 kilos de explosivos procedente de Francia con el que se perpetró el ataque.

El informe de los investigadores hace referencia a la «abundante documentación» que fue incautada en el domicilio de Salies de Bearn (Francia) en el que fue detenido Mikel Antza en 2004. Entre otros documentos, se intervinieron un total de 165 comunicaciones públicas de ETA (comunicados, notas de prensa y entrevistas). Varios de ellos hacen mención al atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola.

ETA y la ilegalización de Batasuna

El atentado fue reivindicado por ETA, precisamente, en un comunicado publicado por el diario GARA diez días después. El texto hacía referencia expresa a que las sedes de la Guardia Civil seguían siendo «objetivos militares» de la organización terrorista y reiteraba el aviso para que el citado cuerpo policial «no metiese a sus familias en los cuarteles». «Trasladando además a la sociedad civil el mensaje de que ‘se alejasen’ de las sedes y recorridos de los agentes de la Guardia Civil y de otros cuerpos policiales españoles», señalan los investigadores en el informe remitido al juzgado.

Además, en aquel comunicado ETA criticaba el proceso de ilegalización de Batasuna, según la organización terrorista, «puesto en marcha por PP y PSOE tras el atentado contra el acuartelamiento de Santa Pola». Un texto que, según la Guardia Civil, trataba de justificar que el citado proceso fue puesto en marcha como consecuencia del atentado terrorista, cuando en realidad ese proceso ya se encontraba en marcha.

«De hecho, se considera bastante probable que fuese todo lo contrario, es decir, que el atentado contra la Casa-Cuartel de Santa Pola hubiese sido decidido por la “Dirección” de ETA como medida de presión para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado», añaden la Guardia Civil en su informe.

En el auto en el que acordó imputar a los seis exjefes de ETA, el juez García Castellón señalaba que distintos informes policiales ya apuntaban a que el comité ejecutivo de ETA ideó, planificó y coordinó la ‘campaña de verano’ del año 2002 y eligió al comando encargado de llevarla a cabo. «Campaña en la que se enmarca el atentado objeto del presente informe en el que fueron asesinados la niña Silvia Martínez y el particular, vecino de Torrevieja, Cecilio Gallego Alaminos», agrega la Guardia Civil.

(Gentileza de The Objetive-Alberto Sierra)