La fiscalía argentina pidió este lunes una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que sus seguidores consideran una persecución.

Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año.

Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia argentina emitió un comunicado de repudio.

«El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad», señaló el texto.

Tras el requerimiento del fiscal, la vivienda de Kirchner en Buenos Aires fue epicentro de manifestaciones antagónicas separadas por un fuerte cordón policial: mientras unos celebraban el pedido de condena con banderas argentinas y cacerolas, los otros cantaban en respaldo a la vicepresidenta.

El cordón de policías fuertemente apertrechados mantuvo separados los dos grupos y usó gas lacrimógeno en un momento de empujones con los seguidores de Kirchner, que fueron sumando gente y eran mucho más numerosos que los opositores.

La acusación

Kirchner es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.

En total, la Fiscalía solicitó el decomiso de 1.000 millones de dólares, suma que consideró equivalente a la supuesta defraudación y que, de ser ratificada por los jueces, deberá pagarse de manera solidaria y proporcional entre los 13 acusados.

Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La suma de las penas máximas para esos delitos es de 16 años.

Esta fue la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía, realizada de forma remota.

Según el fiscal Sergio Mola en esta causa «hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho», aseveró en su alegato final.

La causa abarca también la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), su esposo, fallecido en 2010.

«Persecución»

Cristina Kirchner, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que «en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas» en el proceso, escribió en Twitter.

Pero esa posibilidad fue negada por el tribunal que consideró que sus abogados podrán extenderse en los alegatos de la defensa, a partir del 5 de septiembre.

Tras la negativa, Kirchner anunció por Twitter que el martes hará su defensa pública por las redes.

«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el derecho de defensa», tuiteó.

Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.

Para que una sentencia sea ejecutada tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría incluso ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.

En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denuncian una persecución e intento de proscripción y tanto parlamentarios como líderes sociales y referentes de la cultura publicaron comunicados de respaldo a Kirchner.

En las últimas horas, dirigentes políticos hicieron un llamado a la movilización de la militancia, pero sin concretar una convocatoria.

La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.