El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, tiene vigente desde hace cinco años su Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos con el que cada año ha ahorrado 1,6 millones de euros.

El plan, de aplicación en los 3.812 edificios públicos de la región, se publicó en octubre de 2017 con una estimación de ahorro energético anual de 17,5 GWh y una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de casi 4.000 toneladas al año.

Además, el plan de ahorro energético de Ayuso contempla la sustitución de gasóleo para usos térmicos por gas con una estimación de reducción de la emisión de óxidos de nitrógeno (NOX) en más de 7 toneladas anuales y eliminación de la emisión de partículas vinculada a ese uso.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, en este tiempo de vigencia de estas medidas del plan de ahorro de Ayuso, en el que las actuaciones realizadas han superado las 3.000 con un coste de 148 millones de euros, se han ahorrado 25.895 toneladas equivalentes de petróleo y se han reducido las emisiones de CO2 en 82.622 toneladas.

Tal y como recordó la consejera del ramo, Paloma Martín, en la conferencia sectorial de energía celebrada el pasado 28 de julio y presidida por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, Madrid consideró cuando aprobó este proyecto «que era importante llevar a cabo medidas de mejora de la eficiencia energética en edificios públicos, tanto para conseguir reducir sus consumos energéticos, como por el valor ejemplarizante de estas actuaciones».

Para Martín, el plan del Gobierno viene a perjudicar los intereses de los empresarios que, lejos de recibir incentivos por su parte, les “ahogan” con más medidas.

Así, la Comunidad de Madrid lo que plantea es rebajar los impuestos y costes asociados al recibo de la luz, una propuesta que ya planteó al Gobierno a principios de julio y sobre la que no ha recibido respuesta.

Martín también ha defendido que la de Madrid es la comunidad más “solidaria” y que más aporta a los fondos del Estado de forma que la sanidad y la educación, según la consejera, se financian gracias a los impuestos que se pagan en Madrid, por lo que el “relato” de que Madrid es una comunidad insolidaria “no se sostiene”.