Mañana se celebra el Pleno Extraordinario de Presupuestos para el ejercicio 2025 del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Va a ser una pantomima porque ya se ha celebrado la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos y está todo el pescado perdido.

La apisonadora pepera ha rechazado todas las enmiendas de la Oposición y se aprobará que las cuentas del próximo ejercicio ascenderán a 157,6 millones de euros, un 5% más que este año que, es, milagro-milagro, de 211,5 millones de euros después de cuatro versiones y sucesivas modificaciones…

La pregunta sería, ¿cuántas versiones va a tener este presupuesto de 157,6 millones de euros, ya que a esta alcaldesa le gusta el “maniobreo caprichoso” y a cuánta pasta van a llegar sus caprichos…?

Caso resuelto…

Pero en Pozuelo siempre hay un pero…
Pero el meollo de este Pleno Extraordinario no está en el Presupuesto sino en el tercer punto del día:
“Aprobación del régimen de fiscalización e intervención previa limitada”, que extrañamente no sé en qué Junta de Gobierno se aprobó…

Y en este punto es donde está la ‘trampita’…

El nombre es bastante técnico y, de entrada inocentón, pero lo que hay detrás es serio. Trata de cómo se controla el dinero de todos los vecinos antes de que el Gobierno lo gaste.

Lagarto-lagarto.

La legislación permite establecer este sistema.
No es ilegal ni supone que desaparezca la Intervención municipal.
Pero sí implica un cambio importante…
Muy importante.

En lugar de revisar previamente todos los aspectos de cada expediente de gasto, el interventor se concentra inicialmente en una serie de requisitos básicos, como la existencia de crédito presupuestario o la competencia del órgano que autoriza el gasto.
El control más completo se realiza después.

Peligro en el Pasillo del Infierno.

Y ahí está la cuestión. Porque controlar antes de gastar no es lo mismo que revisar cuando el gasto ya está comprometido.

La ley, insisto, permite esta modalidad, regulada en el artículo 219 de la Ley de Haciendas Locales y en el artículo 13 del Real Decreto 424/2017.
Pero no estamos ante una obligación legal, sino ante una elección del Gobierno.

¿Y por qué Tejero toma esta decisión precisamente ahora?

Estamos a seis meses de las elecciones municipales de mayo de 2027.
El presupuesto que se aprueba es el de 2027 y podría ser gestionado, en buena parte, por un Gobierno municipal distinto del actual…
Y, en teoría, los vecinos decidirán en las urnas quién debe administrar sus impuestos y con qué prioridades…

Uy, qué miedo…

Naturalmente, el Gobierno de Paloma Tejero tiene legitimidad para adoptar decisiones hasta el último día de su mandato.
Pero esa legitimidad no impide que se pregunte por la oportunidad y las consecuencias de determinadas decisiones.

¿Existe algún problema en Intervención?
¿Se pretende agilizar los expedientes?
¿Qué tipos de gasto quedarán sometidos a fiscalización limitada?
¿Qué controles posteriores se realizarán y con qué periodicidad?
¿Qué garantías tendrá la oposición para conocer sus resultados?

Son preguntas perfectamente razonables y deberían tener respuesta antes de aprobar nada.
¿Por qué Tejero no ha contado algo tan importante para los vecinos, dueños del dinero, en lugar de contar tanta chuminada como cuenta?

¿Por qué se plantea ahora?
¿Qué necesidad concreta pretende resolver y qué ventajas obtiene el Gobierno reduciendo el alcance de la fiscalización previa.

No estoy acusando a nadie de ilegalidad ni afirmando que se pretenda ocultar nada.
Pero tampoco puedo considerar irrelevante una decisión que afecta directamente a los mecanismos de control del gasto público.

Quien administra dinero público debe aceptar el máximo control posible, no solamente el control mínimo legalmente exigible…

¿Qué enjuagues andáis preparando?

Vaya tropa…

El Capitán Possuelo