La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, denunció este viernes la llegada regular de inmigrantes desde las Islas Canarias a la Península sin que el Gobierno de Pedro Sánchez facilite los datos pertinentes a las administraciones regionales.

Según detalló la consejera, el traslado se realiza mediante “tres vuelos semanales” gestionados con total opacidad por parte del Ministerio del Interior y de Migraciones.

La opacidad del Gobierno central

La titular autonómica criticó duramente la política migratoria nacional durante sus declaraciones en el Centro de Acogida Santa María de la Paz. Dávila calificó este sistema como la mecánica de los “vuelos disimulados” de Pedro Sánchez, criticando que el Gobierno de España opte por trasladar a los recién llegados sin dotarles de un proyecto formal de integración o empleo en el territorio peninsular.

Según las estimaciones de la Consejería, las personas procedentes de Canarias son derivadas directamente a las instalaciones temporales situadas en Carabanchel y Alcalá de Henares. Por estos emplazamientos han pasado ya más de 20.000 personas que, en palabras de la consejera, quedan posteriormente “abandonadas a su suerte” en la región tras cumplir el periodo de estancia temporal.

El impacto de estos traslados afecta de manera directa a los servicios de atención a la infancia de la Comunidad de Madrid. Dávila advirtió de que, según los datos facilitados por la Fiscalía, entre los pasajeros de estos trayectos se identifican menores de edad que acaban saturando el sistema regional de protección.

Además, remarcó que los centros están diseñados para una acogida temporal con vistas al arraigo familiar, una función que resulta inasumible ante flujos masivos sin previa coordinación entre administraciones.

Esta falta de control ha incrementado la presión sobre las personas en situación de vulnerabilidad en la capital. Según los datos aportados por la consejera, al inicio del mandato de Pedro Sánchez dos de cada tres personas sin hogar eran de origen extranjero, un porcentaje que se ha modificado paulatinamente hasta situarse actualmente en una de cada dos personas.

Expedientes paralizados en Delegación

La Comunidad de Madrid insiste también en denunciar las trabas de la Delegación del Gobierno para devolver a sus familias a los menores extranjeros no acompañados.

Respecto a la gestión del perfil de los menores tutelados, la Consejería de Familia ha actualizado la cifra de expedientes tramitados ante la Delegación del Gobierno para solicitar la repatriación de jóvenes con dificultades severas de adaptación. Lo que en abril de 2025 se situaba en 70 solicitudes se eleva ya a “más de 150 expedientes” tramitados sin que la representación gubernamental haya dado respuesta hasta la fecha.

Los informes técnicos autonómicos justifican estas solicitudes de retorno ante la imposibilidad de lograr la integración del menor debido a “consumos muy graves de drogas o problemas de salud mental”. La Comunidad sostiene que la solución prioritaria requiere la reunificación familiar en los sistemas de protección de los países de origen, a la espera de que la nueva delegada del Gobierno active los expedientes acumulados.

Según la cronología presentada por la Comunidad, todo empezó en marzo de 2025, cuando comenzó a enviar las solicitudes fundamentadas a la Delegación del Gobierno para poner en marcha la reagrupación.