El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, ha enviado a juicio ante jurado, de forma definitiva, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en una resolución de 67 folios fechada este mismo lunes.

En ella, Peinado señala que Gómez se habría “prevalido” de su condición de esposa de —en este caso, de esposa del jefe del Ejecutivo— para “impulsar su proyección profesional” y obtener beneficios en sus negocios privados.

En el juicio, que celebrará la Audiencia Provincial de Madrid más adelante, la esposa de Sánchez se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y malversación.

La asociación Hazte Oír, que lidera la acusación popular en este procedimiento, solicita para ella un total de 13 años de cárcel.

Peinado ha desoído los argumentos del nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, y, como plasma en su resolución, sí considera válido dicho escrito de acusación, que el letrado defensor tachó de técnicamente “defectuoso”.

Los privilegios de la ‘esposa de’

El juez señala que, con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, se produjo un cambio “radical”, inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez.

La empresaria pasó de trabajar en el sector privado a ocupar puestos de relevancia tanto en instituciones públicas como privadas.

Apenas dos meses después de abandonar la consultora Inmark, en agosto de 2018 —dos meses después de que Sánchez se convierta en presidente—, Gómez fue nombrada directora del IE Africa Center, entidad dependiente del Instituto de Empresa.

Pero Peinado destaca, sobre todo, la creación, en 2020, de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este proyecto fue planteado por Begoña Gómez en una reunión, celebrada en el Palacio de la Moncloa en julio de ese año, con el rector Joaquín Goyache.

En efecto, durante la instrucción, este último declaró que acudió a la Moncloa a petición de la secretaria de Begoña Gómez y que a ella la conocía solo “por ser la mujer del presidente del Gobierno”.

El entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, recibió después la instrucción de crear urgentemente una cátedra “para Begoña Gómez, la mujer del presidente”, tal y como declaró también durante el procedimiento judicial.

El auto de Peinado, por tanto, considera que la posición de Begoña Gómez como esposa del presidente le permitió acceder a interlocuciones institucionales excepcionales y que la sola condición de “esposa de” le sirvió para influir en decisiones administrativas con una “celeridad inusitada”.

El juez considera que la reunión para la creación de la cátedra “no se canalizó por los cauces ordinarios”, sino que fue precedida de una reunión en la Moncloa, una circunstancia que evidencia esa situación de privilegio.

Ahora bien, Begoña Gómez defendió que celebró dicha cita en el palacio presidencial por seguridad, debido a la pandemia de la Covid-19, que, en verano de 2020, asolaba España y el resto del mundo.

No obstante, Peinado subraya que tanto el rector como el vicerrector de la UCM actuaron con “celeridad”, dada la condición de Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno.

Además, empresas patrocinadoras y colaboradoras de la cátedra, como insiste el juez, tenían (y mantienen) vínculos con la Administración General del Estado, lo que refuerza la sospecha de que la posición institucional de Gómez facilitó la obtención de apoyos y financiación.

Asimismo, Peinado subraya que, a la hora de crear la cátedra, se omitió la obligación previa de contar con un co-director que sí fuese miembro de la Complutense. “Y no fue nombrado hasta meses después (…) y debe destacarse que (…) su intervención fue anecdótica o residual”, reprocha el juez.

Antes de convertirse en co-directora de la Cátedra TSC, Gómez era docente en un máster propio de la UCM, el de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.

La asesora

Además de ella, también irá a juicio Cristina Álvarez, su principal asesora en Moncloa, quien se encargaba de coordinar su agenda.

Como quedó demostrado durante la instrucción del caso Begoña, mientras cobraba un salario público como personal eventual de Presidencia, esta asistente —a la que unen más de 20 años de amistad con Gómez— ayudó a la mujer de Sánchez en sus negocios privados.

Intervino en la gestión de las finanzas de la Cátedra TSC. Y tuvo contacto tanto con Doadrio como con los financiadores de este proyecto académico.

Por ejemplo, como desveló EL ESPAÑOL, el 8 de febrero de 2024, Álvarez, por orden de Gómez, instó a la empresa Reale Seguros a seguir patrocinando la cátedra.

En esa fecha, la asistente se dirigió por e-mail a Pilar Suárez-Inclán, la directora de Comunicación y Reputación Corporativa de la aseguradora.

Álvarez lo hizo en nombre de la esposa de Pedro Sánchez —como llegó a explicitar en el correo— e informó a Reale de varias novedades de la cátedra.

“Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”, le expresó a Suárez-Inclán.

En su caso, Álvarez será juzgada —ante el mismo jurado popular que Gómez— por un supuesto delito de malversación de caudales públicos; únicamente, en lo relativo al supuesto desvío a manos de Gómez de un software desarrollado para la cátedra.

La Audiencia Provincial de Madrid ya acotó que Álvarez responda por un presunto delito de malversación sólo por las gestiones que realizó para que la esposa de Sánchez, aparentemente, se quedase con dicha herramienta digital.

No obstante, como sucede con Begoña Gómez, la Fiscalía tampoco la acusará en el juicio. El fiscal del caso Begoña ya ha solicitado que ambas sean absueltas.

¿Cómo funciona un jurado popular? Serán nueve ciudadanos anónimos, sin conocimientos de Derecho, los que decidirán sobre la inocencia o culpabilidad de las dos acusadas.

Aún se desconoce la fecha del juicio. Por lo pronto, la causa será enviada a la Audiencia Provincial de Madrid.

Una de sus secciones penales, por reparto, se encargará de este asunto. Uno de sus magistrados será designado presidente del jurado, encargado de redactar la futura sentencia que refleje el veredicto.

Financiación de la cátedra

Por otro lado, Peinado subraya en su resolución que Begoña Gómez “mantuvo diversas reuniones previas para la constitución de la cátedra”, entre las que destaca una, con Ignacio Mariscal, de la empresa Reale Seguros.

“Se produjo”, destaca el juez, “por la intermediación de David Sanza, amigo personal del presidente del Gobierno”.

“Mariscal, además, confirmó [en su declaración como testigo] que en el año en el que tuvo lugar su reunión con Begoña Gómez no mantuvo ninguna otra reunión de estas características”, reitera el juez.

“La financiación de la cátedra se articuló mediante aportaciones de empresas de primer nivel que tenían y siguen manteniendo vínculos de diferente clase con la Administración General del Estado y otras instituciones oficiales”, recuerda.

“Originalmente, Reale Seguros aportó 60.000 euros en diferentes tramos temporales y la Fundación La Caixa, 15.000 euros anuales”, recalca el magistrado, quien recuerda que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ya destacó, durante la instrucción del caso Begoña, que el “rápido desarrollo” de la cátedra fue posible gracias a la “diligente consecución de financiación” por parte de “empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.

“La relevancia de este extremo no se agota en la mera existencia de financiación privada”, admite el juez, “sino en el contexto en el que ésta se obtiene y en la posición singular desde la que se articula”.

A ojos de Peinado, la financiación de la cátedra por parte de estas empresas “se produce en un marco en el que Begoña Gómez proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público”.

“De este modo, la captación de fondos para la cátedra no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno [a la cátedra]”, concluye el instructor.

En conclusión, Peinado sostiene que la cátedra “sirvió como medio de desarrollo profesional privado para la acusada”, Begoña Gómez, “quien, además, recibió una remuneración por su actividad docente en los másteres integrados en ella”.

El ‘software’

Asimismo, el juez, que se jubilará el próximo 27 de septiembre, también aprecia un delito de malversación en el supuesto adueñamieto, por parte de la esposa de Sánchez, de un software desarrollado por varias empresas privadas para la cátedra.

Compañías como Google o Indra cooperaron en el desarrollo de esta herramienta digital.

Un software muy similar a éste acabó siendo ofrecido —de forma gratuita, eso sí— en una web propiedad de Gómez, con un nombre muy similar al de la cátedra que co-dirigía.

Hasta ahora, este hecho concreto se investigaba bajo la apariencia de un posible delito de apropiación indebida.

No obstante, la Audiencia de Madrid concluyó que este ilícito afecta a patrimonios privados y no es ése el caso. La UCM es una universidad pública.

Por ello, Peinado, en su auto de este lunes, atribuye a Gómez, por el episodio del software, un segundo delito de malversación. Uno, por el empleo de su asesora en la gestión de sus negocios privados y un segundo, por haber apropiado —presuntamente— de esta herramienta digital desarrollada para su cátedra.

Además, tanto Álvarez como Gómez se enfrentarán en el juicio a la petición de la Complutense de devolver —ya sea a medias o una más que la otra— los 113.000 euros en los que cifra el perjuicio causado.