Estimado Director:

Siguiendo con esta serie de interesantes artículos que viene publicando El Correo de Pozuelo y en los que se debate sobre las Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación en Pozuelo de Alarcón, le envío mi opinión sobre un tema muy preocupante:

La permisividad ante el consumo de alcohol por parte de menores en la vía pública.

No voy a entrar en el balance que cada uno haga sobre el éxito o el fracaso de las Fiestas. Allá cada cual. Yo quiero incidir en la gestión de la alcaldesa Paloma Tejero que deja al descubierto esa alarmante realidad.

Ver a jóvenes, casi niños, bebiendo alcohol e, incluso, teniendo que ser evacuados por la gravedad que presenta su estado de salud es algo que habría que intentar evitar aunque sé que no es fácil. Pero eso no es óbice para que haya que afrontar la situación… O, al menos, ponerla encima de la mesa.

Y, para empezar, surge una pregunta legítima:

¿Acaso está fomentando el propio Ayuntamiento el consumo al no existir pruebas de una actuación deliberada que lo impida?

Quizá no lo haga de forma directa, qué duda cabe.
Pero la permisividad es, en sí misma, una forma de responsabilidad ya que, teóricamente, lo está permitiendo…

Cuando se trata de menores consumiendo alcohol, ya no estamos ante una simple cuestión de ruido, suciedad o molestias vecinales. Estamos hablando estrictamente de protección de menores. Y ante esto, la pasividad institucional deja de ser un asunto menor.
Yo entiendo que el Gobierno pone, aparentemente, todo lo que está en su mano pero eso parece que no es suficiente.

Si el Gobierno conoce (o ha recibido reiteradamente denuncias) sobre la presencia de menores consumiendo alcohol durante los festejos y no incrementa los controles, no refuerza la vigilancia en el exterior, no identifica los puntos de suministro ni establece medidas eficaces para impedir que las bebidas lleguen a los adolescentes, existe una evidente responsabilidad política por falta de prevención y control.

Resulta difícil entender que esta corporación municipal despliegue un operativo con más de un centenar de agentes, establezca controles de acceso y organice un importante dispositivo de seguridad y, sin embargo, los vecinos sigan denunciando la presencia de adolescentes aparentemente intoxicados.

La permisividad no siempre consiste en autorizar explícitamente algo. A veces consiste, sencillamente, en saber que está ocurriendo y no hacer lo suficiente para impedirlo. Y, evidentemente, no lo hace.

¿De qué sirven realmente, entonces, los controles desplegados?
¿Se controla de forma efectiva el acceso y consumo de los menores dentro y fuera del recinto?
¿Se inspeccionan rigurosamente los establecimientos y puntos de venta del entorno para detectar el suministro a menores?
¿Existe vigilancia suficiente en las zonas de concentración cuando los jóvenes abandonan el recinto?

Si la respuesta a estas cuestiones es afirmativa, el Gobierno municipal debería explicar por qué continúan repitiéndose estas situaciones.
Y si la respuesta es negativa, la pregunta es todavía más grave:
¿Por qué no se hace?

Existe una frontera que una Administración Municipal responsable no debe cruzar jamás.
Nunca debe normalizarse que menores de 13, 14 o 15 años consuman alcohol como parte habitual de diversión de las fiestas patronales.

No es admisible recurrir a argumentos como “son jóvenes”, “son fiestas” o “no podemos controlar a todo el mundo”.

La Administración existe precisamente para prevenir, vigilar, intervenir y proteger.
Cuando un menor termina la noche en estado de ebriedad, no basta con señalar que “se le ha ido la mano”. La pregunta obligada es quién permitió que ese alcohol llegara hasta él y qué hizo el Consistorio para evitarlo.

Gobernar no equivale a anunciar un gran dispositivo…
Gobernar exige demostrar que ese dispositivo funciona.

La libertad individual no puede confundirse con una “barra libre” institucional donde la vigilancia se relaja.
Si la percepción vecinal de permisividad es injustificada, el Ejecutivo local debe demostrarlo con datos transparentes:

Número de inspecciones y controles a establecimientos realizados.
Cantidad de denuncias formuladas por venta o suministro a menores.
Registro de menores localizados consumiendo en vía pública.
Número de intervenciones sanitarias por intoxicación etílica.

Y es que lo verdaderamente preocupante es que, tras años de advertencias, la Administración Municipal acabe asumiendo como inevitable la presencia de botellones, intoxicaciones o altercados entre menores durante las fiestas.

Cuando una situación anómala se repite sin corregirse, acaba convirtiéndose en costumbre.

No se pide un policía detrás de cada adolescente, sino algo elemental como es una política seria y anticipatoria de prevención del consumo de alcohol en menores.

La fotografía festiva no puede ocultar lo que sucede cuando se apaga la música ni la realidad de los vecinos que sufren las consecuencias de la falta de control.

Mirar hacia otro lado mientras los menores beben es también una decisión política.
La pasividad, en este ámbito, siempre tiene consecuencias.

Juan Pozuelo