Estimado Capitán:

Impresionado aún por el artículo que publicó El Correo de Pozuelo hace unos días sobre la intención de la alcaldesa Tejero de montar un “Gran Hermano con IA”, de 3 millones de € en una ciudad sin delitos y con la excusa de controlar el tráfico, me gustaría hacer unas puntualizaciones a propósito del tema si son de su consideración…

En primer lugar, quiero darle las gracias por informar de tantos temas delicados y extraños que está abordando este Gobierno, ya que sin su periódico no nos enteraríamos de nada.
Gracias por su trabajo.

Y es que ese desproporcionado proyecto de implantar una red de videovigilancia dotada con Inteligencia Artificial en Pozuelo de Alarcón me preocupa muchísimo.

La justificación oficial para semejante desembolso y despliegue técnico ha sido la regulación del tráfico, como si el tráfico fuese un problema. Esta alcaldesa no debe distinguir tráfico con movilidad y no es lo mismo.

Pozuelo tiene muchos problemas de movilidad pero muy pocos de tráfico. Y no puede basar este despropósito en un tráfico que no existe. Cuando se ponga en marcha ARPO, si es que se pone algún día, el problema de tráfico será de los responsables de la M-40, de la Carretera de la Coruña, de la Autovía de Extremadura o de la autonómica M-503 pero nunca de Pozuelo salvo su prevención. Las autoridades de esta ciudad ya deberían estar exigiendo a esos responsables que busquen soluciones.

Pero la realidad de nuestras calles desmiente la narrativa municipal para instalar este disparate. Pozuelo no padece un problema sintomático de colapso circulatorio ni picos de congestión que sostengan la necesidad de semejante intrusión tecnológica. Nada.

Por lo tanto, cabe preguntarse abiertamente si Tejero nos está engañando y tiene otros objetivos espurios.
Porque la alcaldesa de Pozuelo debería saber que la normativa no le permite escudarse en el tráfico para levantar un sistema de control de los vecinos de esta magnitud…

La ley en España y en la Unión Europea es taxativa para evitar que las administraciones locales utilicen rodeos burocráticos para conculcar derechos fundamentales.
Si el Ayuntamiento de Pozuelo pretende camuflar un dispositivo de control ciudadano bajo la etiqueta de «gestión del tráfico», estaría incurriendo en un claro fraude de ley. Y lo pagará.

Para que un despliegue de esta envergadura sea legal, la alcaldesa Tejero debe ser consciente de que el procedimiento administrativo no es un simple trámite burocrático. Muy al contrario…

Para llevar a cabo este desatino se necesita:

• Filtro de la Delegación del Gobierno:
  Si el sistema analiza comportamientos o actúa como vigilancia preventiva en un municipio con uno de los índices de criminalidad más bajos de España, requiere la autorización previa y explícita del Delegado del Gobierno en Madrid.
• El examen del Tribunal Superior de Justicia:
  El proyecto debe someterse al informe de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, presidida por el Presidente del TSJM, donde se exige demostrar una idoneidad y proporcionalidad que hoy no existen.
• El muro de la Inteligencia Artificial:
  El reciente Reglamento Europeo de IA prohíbe la identificación biométrica y el rastreo masivo en vivo por autoridades públicas, mientras que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) exige Evaluaciones de Impacto estrictas para proteger la intimidad de los transeúntes.

De hecho, la AEPD, en el ámbito municipal y administrativo, tiene unas funciones perfectamente definidas:

• Controlar y fiscalizar:
  Vigila que las instituciones públicas no recopilen ni usen datos personales (incluidas imágenes de videovigilancia o datos biométricos) sin una base legal válida, justa y proporcional.
• Exigir la Evaluación de Impacto (EIPD):
  Obliga a las administraciones a presentar informes técnicos que demuestren que un nuevo sistema (como cámaras con IA) no vulnera masiva e injustificadamente la privacidad de los ciudadanos.
• Capacidad sancionadora y de bloqueo:
  Puede abrir expedientes sancionadores, dictar apercibimientos y, lo más importante, ordenar la paralización o suspensión inmediata de cualquier tratamiento o sistema de captación de datos que considere ilegal o abusivo.

Intentar sortear la fiscalización estatal argumentando una fluidez viaria que nadie cree no sostiene el proyecto.

¿Por qué se ha metido la señora Tejero en este barrizal de peligrosas arenas movedizas?

Es un tema muy delicado para jugar políticamente con ello.

¿Es consciente de lo que está haciendo o sencillamente la que han engañado o se ha dejado engañar?

En cualquier caso y como la veo tan lanzada, yo creo que debería aclarar si piensa cumplir con la legalidad vigente o si pretende imponer este Gran Hermano por la vía de los hechos consumados…

Mi consejo es que no juegue con estos temas…

Juan Pozuelo