El sectario y guerracivilista Gobierno de Pedro Sánchez lleva ya largo tiempo enfrascado en una batalla legal con la Comunidad de Madrid por su interés supino por declarar «lugar de memoria democrática» la Real Casa de Correos, actual sede del Ejecutivo madrileño, porque albergó la Dirección General de Seguridad (DGS) durante la época franquista, donde se produjeron torturas «por motivos políticos e ideológicos» a opositores al régimen.

Sin embargo, ese interés se torna en cero para declarar «lugar de memoria», en virtud de Ley de Memoria Democrática, otros lugares como el cementerio de Paracuellos, donde fueron asesinadas más de 2.500 personas entre noviembre y diciembre de 1936, sin juicio alguno.

Tampoco quiere declarar «lugar de memoria» las cárceles clandestinas, conocidas como checas, establecidas en Madrid por el Gobierno y los partidos y sindicatos del Frente Popular durante la Guerra Civil para secuestrar, torturar y asesinar a miles de personas que no habían sido acusadas ni juzgadas; ni tampoco los departamentos penales del ferrocarril conocido como «tren de Negrín» o de «los 40 días» existentes en la Comunidad de Madrid, como los de Nuevo Baztán o Ambite, donde sufrieron prisión los penados condenados a trabajos forzados en la construcción del citado ferrocarril.

Por último, el Gobierno de Sánchez también ha rechazado otorgar esa categoría al Palacio de la Moncloa y sus alrededores en la Ciudad Universitaria, escenarios durante los primeros meses de la Guerra Civil de decenas de asesinatos de personas que no habían sido acusadas ni juzgadas por ningún delito.

Así se lo ha trasladado la subdirectora general de Divulgación de la Memoria, Almudena Cruz Yábar, al diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Corral, después de que este interrogara a la Administración Central a través del Portal de Transparencia sobre la razón por la que el Gobierno no ha declarado de oficio todos estos lugares como «de memoria democrática».

El ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha respondido a estas peticiones a través de cuatro respuestas, que ha avanzado Okdiario y a las que ha tenido acceso El Debate, idénticas entre sí, en las que explica a Corral los motivos de esta negativa.

La respuesta común afirma que la declaración de un espacio como «lugar de memoria democrática» requiere, de conformidad con la ley, la concurrencia de «circunstancias de singular relevancia histórica, simbólica o memorial, sin que la mera existencia de episodios de privación de libertad o de trabajo forzado determine automáticamente su inclusión en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática».

Así pues, parece que para el Gobierno la «mera existencia» de la matanza de Paracuellos, el gran genocidio de la historia de España perpetrado por el Gobierno republicano del Frente Popular durante la Guerra Civil, no es circunstancia suficiente para que sea «lugar de memoria democrática». Eso sí, la Real Casa de Correos tiene que serlo a toda costa.

La respuesta añade que «la valoración debe efectuarse atendiendo, entre otros factores, a la dimensión del fenómeno histórico acreditado, su duración temporal, su impacto colectivo, su representatividad y la existencia de elementos materiales o inmateriales que permitan su adecuada interpretación y preservación».

De nuevo, de las explicaciones del Ejecutivo se desprende que las 345 checas que, según el estudio del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San Pablo, se repartieron por Madrid durante la contienda civil, no tienen la suficiente «dimensión histórica acreditada» o «impacto colectivo».

El Gobierno trata de excusarse en su respuesta diciendo que «la inexistencia de una declaración como lugar de memoria democrática no implica desconocimiento de los hechos históricos asociados a dichos emplazamientos», eso sí, reconoce que sí implica «una valoración diferenciada de su alcance y significación conforme a los criterios de singularidad y representatividad exigidos por la legislación vigente».

De este modo, sentencia: «La Administración no se encuentra obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión o privación de libertad, sino únicamente aquellos que, por sus características y relevancia histórica acreditada, reúnen condiciones necesarias para su incorporación al Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática».

(Gentileza de El Debate)