Ayuso suma otra victoria frente al socialista Javier Ayala: la Justicia avala el centro de menores de La Cantueña de Fuenlabrada, tras el enésimo intento de bloquear la llegada de MENAS

La Justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid sobre el centro de menores de primera acogida ubicado en la finca de La Cantueña en Fuenlabrada. En concreto, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Gobierno regional contra las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
La resolución judicial ratifica que la Comunidad de Madrid tiene la única y exclusiva propiedad sobre La Cantueña y elimina cualquier tipo de injerencia del Ayuntamiento que pueda dificultar el ejercicio de sus competencias en materia de tutela y protección de menores. Además, el tribunal condena en costas al Ayuntamiento de Fuenlabrada.
El Ejecutivo madrileño defendió desde el inicio la creación de este recurso como respuesta al aumento de la presión asistencial derivada de la llegada de inmigrantes en situación irregular. El proyecto, sin embargo, encontró una férrea oposición por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Su alcalde, el socialista Javier Ayala, trató de frenar la iniciativa recurriendo a distintas vías administrativas y jurídicas, entre ellas la paralización de las obras mediante un decreto municipal y el intento de recuperar para el Consistorio la titularidad de la finca.
La Comunidad respondió llevando el caso a la jurisdicción contencioso-administrativa al considerar que esa reversión carecía de fundamento legal, al tratarse de un inmueble de su exclusiva propiedad y, por tanto, fuera del alcance de las competencias municipales.
Con esta nueva resolución, el Ayuntamiento de Fuenlabrada encadena un nuevo revés en los tribunales sin haber conseguido detener el desarrollo del centro. Para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el fallo supone además la décima victoria judicial relacionada con La Cantueña. La sentencia no solo reafirma que la titularidad de la finca corresponde en exclusiva a la Comunidad de Madrid, sino que también cierra la puerta a cualquier actuación municipal dirigida a obstaculizar el ejercicio de las competencias autonómicas sobre este espacio.






