El magistrado Juan Carlos Peinado ha ordenado que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora en Presidencia, Cristina Álvarez, entreguen sus pasaportes el próximo 24 de junio.

Así consta en una providencia en la que Peinado fija a las 18:00 horas esa citación. Ese mismo día, Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para explicar las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a su entorno.

Peinado indica que ambas tienen que hacer «entrega del pasaporte expedido a su nombre» y deben comunicar «si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad».

Las medidas cautelares, que además de la retirada del pasaporte incluyen la prohibición de salir de España y la obligación de firmar cada 15 días en sede judicial, se mantendrán «durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme».

El instructor atribuye a Gómez y su asesora los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Apertura de juicio oral

Además, el juez Peinado abrió el pasado sábado un juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y contra el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés.

De igual manera, el magistrado aprecia indicios de que Begoña Gómez, en su condición de esposa del jefe del Ejecutivo, ejerció una presión singular sobre las autoridades académicas de la UCM (Universidad Complutense de Madrid).

El rector Joaquín Goyache acudió al Palacio de la Moncloa para reunirse con ella, sin conocerla previamente «más que por los medios, porque es la mujer del señor presidente del Gobierno».

El vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, declaró que el rector le transmitió que tenía que crear «una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente», y que el convenio de creación fue tramitado con una celeridad inusitada, «como si ya estuviera preparado».

Respecto a Cristina Álvarez, el juez considera que su participación «puede calificarse provisionalmente como presión moral ante quien debía decidir» y que, en la percepción de los interlocutores, «excedía de lo meramente protocolario».

La investigada llegó a firmar comunicaciones «como directora de Programas, Secretaría General de Presidencia» en gestiones vinculadas a la cátedra, «proyectando deliberadamente la apariencia y autoridad de su función pública sobre una actividad estrictamente privada y mercantil».

La acumulación de indicios sobre Barrabés se asienta, según el auto consultado por OKDIARIO, en la coincidencia temporal entre sus reuniones en la Moncloa y la emisión de cartas de apoyo a la UTE formada por Innova Next y The Valley, que resultó adjudicataria de dos contratos de Red.es adjudicados en julio y agosto de 2021 por importes de 7,7 millones y 4,4 millones de euros, respectivamente.

El juez también aprecia «un intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada Begoña Gómez Fernández y apoyo institucional-académico a intereses empresariales del grupo Barrabés».