La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha personado como perjudicada en el ‘caso Begoña Gómez’ al considerar que la actuación de la esposa del presidente del Gobierno y exdirectora de su cátedra de Transformación Social Competitiva pudo haberle «causado un perjuicio económico».

«Considerando que los hechos de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid, vengo a personarme, en concepto de perjudicado, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria en el marco del procedimiento incoado», apunta el letrado.

Al hilo, la universidad solicita al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le dé traslado de todas las actuaciones para estudiar, si procediera, «la práctica de aquellas diligencias que puedan conducir al mejor éxito de la acción y la debida cuantificación de los daños».

La Complutense se pronuncia así después de que el juez Juan Carlos Peinado señalara que debe considerarse a la universidad como «perjudicada» en la causa en la que se investiga el delito de apropiación indebida, «en concreto de un supuesto ‘software’, cuya financiación estaba destinada para que fuera a favor de la UCM».

Aunque en junio de 2024 el propio Peinado rechazó que la institución educativa se personara como acusación particular, al considerar que en ese momento no constaba que hubiese podido sufrir un perjuicio económico; en un movimiento de última hora, el juez dio la opción a la universidad para que se personara como perjudicada.

El juez, además, citó a la universidad para que estuviera presente en la vista que celebró el 6 de octubre en la que informó a Begoña Gómez, a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés de que, si van a juicio, serán juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.

En aquella vista, las defensas pidieron al juez que archive la investigación que dirige contra ellos por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La Fiscalía también pidió el archivo al descartar, entre otras cuestiones, que Begoña Gómez se haya apropiado indebidamente del ‘software’ de la Complutense.