El juez de instrucción de la Audiencia Nacional Jorge Francisco Mesas ha autorizado librar una comisión rogatoria a Venezuela y Estados Unidos con el objetivo de encontrar a 14 colaboradores de la banda terrorista ETA que habrían sido acogidos por la dictadura venezolana de Hugo Chávez y, posteriormente, Nicolás Maduro.

La Asociación Dignidad y Justicia presentó un escrito ante la Audiencia Nacional pidiendo que las nuevas autoridades venezolanas, tuteladas por el Gobierno estadounidense de Donald Trump, arrojen luz sobre los presuntos terroristas que en su momento huyeron a Venezuela evadiendo su responsabilidad ante la Justicia española. Según la asociación, el país caribeño es el que más ha acogido a terroristas de ETA bajo el manto del régimen bolivariano de Nicolás Maduro.

“Dispongo librar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Venezuela para que faciliten cuanta información posean los miembros de la organización terrorista ETA, que a fecha de abril de 2025 se encontraban residiendo en aquel país; a saber: Eugenio Barrutiabengoa Zabarte; José Ignacio de Juana Chaos; José Luis Eciolaza Galán, Ángel María Lizarbe Osés, Luis María Olalde Quintela, José Ángel Úriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontán, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Juan José Aristizábal Cortejarena, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi Zaloña, Jesús María Huerta Fernández, Ignacio Echevarría Landazábal”, explica el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De la misma forma, el magistrado pide a las autoridades estadounidenses que “faciliten cuanta documentación o información se halle en el procedimiento judicial seguido contra Hugo Armando, alias el Pollo, Carvajal sobre los miembros de la organización terrorista ETA huidos de la justicia española residentes en Venezuela, y la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización criminal, labores de enlace, y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo”.

La Audiencia Nacional también pide recibir declaración del Pollo Carvajal mediante un pliego de preguntas enviado a las autoridades estadounidenses, quienes tutelan al exdirector de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela.

El juez ha accedido así a las pretensiones de la Asociación Dignidad y Justicia, que pidió que se interesasen unas diligencias para conocer a los integrantes del conocido como “Colectivo de Huidos Políticos Vascos” (EIPK), que presuntamente estaba formado por etarras huidos de España y que continuaban siguiendo instrucciones de las estructuras de ETA.

“Dentro de ese colectivo, la organización terrorista, a partir del año 2007, decidió delegar las decisiones relativas a la operatividad cotidiana y detalles de trabajo de dicha estrategia en un órgano denominado IHESKO (Colectivo de Refugiados) cuyo núcleo se ubicó geográficamente en el País Vasco francés aunque contando con ramificaciones en cada uno de los países donde residían etarras fugados, siendo el tradicional ‘responsable’ en cada territorio el enlace jerarquizado con IHESKO”, explicaba la petición de diligencias previas por parte de la asociación.

Entre los mencionados huidos a Venezuela se encuentran presuntos terroristas que habrían participado en atentados que costaron la vida de más de 20 personas. “Es notorio y conocido que durante la dictadura de Hugo Chávez Frías y su sucesor Nicolás Maduro Moros los miembros de ETA huidos a Venezuela han gozado de la protección por parte de las autoridades del país caribeño, haciendo inviable la puesta a disposición de estos ante la justicia española para responder por sus crímenes terroristas, como consecuencia de su negativa a las múltiples peticiones de extradición que, en los últimos veinticinco años, se han cursado por las autoridades judiciales españolas, negando reiteradamente su colaboración en dichas entregas y, por lo tanto, imposibilitando que estos hayan podido ser enjuiciados, habiendo prescrito, en muchos de los casos, los delitos cuya participación se les atribuía”, razonaba la asociación en su escrito presentado al magistrado instructor.