El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno central, abriendo así un nuevo frente judicial entre ambas administraciones.

El recurso fue interpuesto por el Ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso el pasado viernes y en él la Abogacía General madrileña solicita además la suspensión cautelar del real decreto aprobado por el Estado. Ahora, la Administración General dispone de un plazo de cinco días para presentar alegaciones sobre esta petición.

Desde el Gobierno regional defienden que la medida estatal podría tener un impacto “grave” en la prestación de los servicios públicos en Madrid, al considerar que no contempla mecanismos suficientes de financiación ni de provisión de recursos. Asimismo, sostienen que la regularización podría contravenir la normativa de la Unión Europea y afectar a la seguridad.

En este contexto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha advertido este miércoles de supuestas “deficiencias” en el proceso diseñado por el Ejecutivo central. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el dirigente autonómico afirmó que la iniciativa estatal “va en contra” de los acuerdos europeos en materia migratoria.

García Martín reiteró además la posición del Ejecutivo madrileño a favor de una inmigración “legal, ordenada y vinculada al empleo”, en contraposición a lo que calificó como “caos” por parte del Gobierno central.

Entre las críticas, el consejero señaló que el procedimiento permite acreditar el arraigo con cinco meses de estancia en España. También cuestionó la posibilidad de que personas en situación irregular con antecedentes penales puedan acceder a la regularización, así como aquellas que se encuentren en prisión provisional, aspectos que calificó de “gravísimos”.Regular