La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet, ha solicitado al Gobierno central una reunión urgente para abordar el impacto que está teniendo en los ayuntamientos el proceso de regularización de inmigrantes aprobado mediante el Real Decreto 316/2026. En una carta dirigida al Ejecutivo, la también alcaldesa expresa su “preocupación” por la “situación límite” que, a su juicio, están provocando las actuales políticas migratorias.

Piquet advierte de que la denominada “regularización masiva” está generando un “colapso” en los servicios municipales, especialmente en los consistorios de la Comunidad de Madrid. Según señala en el escrito, el incremento de solicitudes y trámites administrativos derivados del decreto está tensionando la capacidad de respuesta de las administraciones locales.

La presidenta de la federación critica además que la medida haya sido aprobada “de forma totalmente unilateral”, sin contar con la participación de ayuntamientos ni comunidades autónomas. “Antes de ser aprobado, no hemos recibido noticias de ningún tipo”, denuncia, en referencia a la falta de comunicación por parte del Gobierno y del ministerio competente.

En la carta, Piquet evita valorar el fondo de la medida o sus objetivos a largo plazo, pero sí cuestiona la planificación del Ejecutivo. En este sentido, apunta que las cifras estimadas de personas que podrían acogerse al proceso “no hacen más que crecer”, lo que, a su juicio, refleja una falta de previsión en una decisión de gran alcance.

Uno de los principales reproches de la dirigente municipal se centra en la ausencia de recursos adicionales para hacer frente a esta situación. Según expone, el decreto no contempla apoyo económico ni refuerzo de personal para los ayuntamientos, pese a que son estas administraciones las encargadas de tramitar buena parte de la documentación necesaria para la regularización. “Supone hacernos cargo de una carga de trabajo sin medios”, viene a señalar.

Ante este escenario, la Federación de Municipios de Madrid reclama la apertura de un diálogo inmediato con el Gobierno para buscar soluciones que permitan garantizar la atención adecuada tanto a los solicitantes como al conjunto de la ciudadanía. Piquet subraya que el objetivo debe ser “beneficiar no a intereses políticos, sino a los ciudadanos”.

La dirigente concluye su misiva apelando al respeto institucional hacia las entidades locales y sus trabajadores, y reiterando la necesidad de coordinación entre administraciones para afrontar un proceso que, insiste, ya está teniendo efectos directos en el funcionamiento ordinario de los servicios municipales.